Delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles

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Para cometer los delitos de allanamiento y usurpación basta con una perturbación del pacífico ejercicio de un derecho inmobiliario, dado que el Código Penal no distingue entre ocupación temporal y definitiva o con intención de apropiación o no; por ello se distinguen las siguientes hipótesis, con un tratamiento distinto según el bien jurídico comprometido:

a) El allanamiento de morada, sin propósito expropiativo, se tipifica y castiga en el artículo 202 del Código Penal, como un delito contra la inviolabilidad de domicilio.

Artículo 202. Código Penal

1. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

b) La ocupación expropiativa violenta o intimidativa de un bien inmueble o de un derecho real inmobiliario se tipifica y sanciona como delito contra la propiedad en el apartado 1 del artículo 245 del Código Penal, en concurso ideal con el anterior, si se tratase de una morada ajena.

Artículo 245.1 Código Penal

1. Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado).

c) La ocupación no violenta de un bien inmueble que no constituya morada, cualquiera que sea su finalidad, se tipifica y castiga por el artículo 245.2 del Código Penal como un delito contra la pacífica posesión de aquél. La realidad es que la modalidad violenta o intimidatoria de la usurpación carece de aplicación real en la práctica, y por ello vamos a centrar nuestra atención en la no violenta.

Artículo 245.2 Código Penal

2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

La inclusión en el Código Penal de esta conducta como delictiva [art. 245.2 CP] proviene de la voluntad del legislador de dar respuesta jurídico penal al fenómeno sociológico de los denominados «okupas», y para dar mayor protección a los propietarios de viviendas desocupadas que tienen que hacer frente a este tipo de situaciones.

Concepto de domicilio. En la sentencia Tribunal Supremo de 14 junio 1995 ya se advertía que «el domicilio, en el sentido de la Constitución, no sólo es el lugar donde se pernocta habitualmente o donde se realizan otras actividades cotidianas habituales, sino también el ámbito cerrado erigido por una persona con objeto de desarrollar en él alguna actividad».

El concepto de domicilio es más amplio que el que se deriva de una mera constatación administrativa o tributaria relativa al lugar donde se fija la residencia a esos efectos, para constituir el lugar cerrado que una persona dedica al desarrollo de todos o de algunos aspectos de su privacidad, que, por esa razón, debe quedar protegido de la presencia indeseada de terceros y, especialmente, de las autoridades públicas, salvo los supuestos excepcionales previstos en la ley.

Según ha declarado el Tribunal Constitucional, resaltando el carácter de base material de la privacidad (sentencia Tribunal Constitucional 22/1984), el domicilio es un «espacio apto para desarrollar vida privada» (sentencia Tribunal Constitucional 94/1999 de 21.5), un aspecto que «entraña una estrecha vinculación con su ámbito de intimidad», «el reducto último de su intimidad personal y familiar (sentencias Tribunal Constitucional 22/1984, 60/1991, 50/1995, 69/1999, 283/2000). Y en sentencia Tribunal Supremo 1448/2005 de 18.11, se entiende como «domicilio» «cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar, o lo que es lo mismo, que «sirva de habitación o morada a quien en él vive», estimándose que constituye domicilio o morada, cualquier lugar, cualquiera que sea su condición y característica, donde vive esa persona o una familia, sea propiamente domicilio o simplemente residencia, estable o transitoria, incluidas las chabolas, tiendas de campaña, roulotes, etc., comprendidas las habitaciones de un hotel en las que se viva. Se resalta de esta forma la vinculación del concepto de domicilio con la protección de esferas de privacidad del individuo, lo que conduce a ampliar el concepto jurídico débil o administrativo de la morada para construir el de domicilio desde la óptica constitucional, como instrumento de protección de la privacidad. Y al mismo tiempo restringe el concepto de domicilio excluyendo aquellos lugares donde no se desarrollan actos propios de dicha privacidad, aunque el titular pueda estar legitimado para no permitir la entrada o permanencia de terceros.

Derecho a una vivienda digna. Sentencia Audiencia Provincial Madrid, Sec. 1, 24-1-2017: «El derecho a la vivienda no se erige en nuestra Constitución como un derecho fundamental, justamente porque su efectividad incide en aspectos socioeconómicos que al tiempo giran en torno a un concepto liberal de la propiedad. En este sentido, los propietarios de bienes inmuebles, sean cuales sean las circunstancias y características que tengan estos, sean particulares, o personas jurídicas, no pueden ser víctimas de la carencia de inmuebles para personas que los precisen, no siendo eficaz una usurpación por el hecho de que se trate de una entidad bancaria o una persona jurídica el titular del inmueble, debiendo ser los poderes públicos los que promuevan las condiciones de acceso a los inmuebles que como alquileres sociales u otros dispongan para que sean ocupados por personas sin recursos, pero no pueden los propietarios de inmuebles llevar a cabo el papel que les corresponde ejercer a los poderes públicos y tener que consentir y ceder a la ocupación de estos inmuebles hasta que la Administración provea a sus ocupantes de algún inmueble donde ejercer el derecho de estos a tener una vivienda digna.

De lo contrario, como indica la jurisprudencia, cualquier inmueble que no sea utilizado como morada por su propietario, podría ser objeto de usurpación sin más amparo que obligar a aquél a acudir a un proceso civil, que aunque arbitre instrumentos ágiles (interdictos) para su pronta recuperación, provocarían una especie de efecto llamada para todos aquéllos ciudadanos que sin recursos suficientes, estarían peregrinando de inmueble en inmueble, sirviéndose transitoriamente de los mismos pero con una vocación de permanencia respecto de tal estilo de vida, al no prevenir el ordenamiento jurídico ninguna sanción, más allá de la más que probable inejecución por insolvencia de los daños y perjuicios causados”.

Que el fenómeno de la ocupación ha desbordado los limites iniciales que tuvo como movimiento de reivindicación social mediante la ocupación/utilización de inmuebles abandonados en el centro de nuestras ciudades como forma de protestar por la «especulación inmobiliaria del suelo» y para visibilizar la falta de equipamientos lúdico culturales, es algo indudable, dando lugar a un nuevo movimiento socializador que tiene más que ver con los devastadores efectos de la crisis económica con una fuerte implicación en el derecho a una vivienda digna y la escasa capacidad de respuesta a la falta de vivienda social. Ello sin duda ha dado lugar a movimientos de sensibilización respecto de los sectores de población más vulnerables que pueden ver afectado su derecho de acceso a una vivienda digna.

En ese contexto tienen que entenderse las distintas corrientes interpretativas del precepto contenido en el art. 245 Código Penal, que pretenden efectuar una aplicación rigurosa que identifique un objeto o interés de protección digno realmente de protección penal, dado el carácter fragmentario por definición del derecho penal. En todo caso, no conviene olvidar, por otro lado, que al calor de dichos acontecimientos han florecido fenómenos de tintes pseudo mafiosos y de organización delictiva para hacer negocio de la ocupación de viviendas vacías que llegan a ser objeto de intercambio.

Es ese contexto social donde han surgido pronunciamientos que abogan por una diferenciación de la propiedad con el “ius possesionis” como manifestación actualizada de las facultades inherentes de la posesión, de forma que no se llegara al absurdo de dar mayor protección en el ámbito penal a situaciones de desposesión que por la dejación de su titular pudieran no estar amparadas por las formas sumarias y más eficaces de protección posesoria civil.

Todo ello, lógicamente, sin entrar a dilucidar los medios procesales que en el correspondiente ámbito civil se prevén para la legítima reivindicación de las facultades inherentes del derecho de propiedad.

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