Seguro de Vehículos a Motor. Lesiones temporales

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Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor [LRCSCVM]

TÍTULO IV. Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación

CAPÍTULO I. Criterios generales para la determinación de la indemnización del daño corporal, arts. 32-60

CAPÍTULO II. Reglas para la valoración del daño corporal

Sección 3.ª Indemnizaciones por lesiones temporales

Artículo 134. Valoración de la indemnización por lesiones temporales.

A) Concepto de sanidad

B) Necesidad de informe médico ajustado a las reglas del sistema

Artículo 135. Indemnización por traumatismos menores de la columna vertebral.

A) Algias postraumáticas cronificadas y permanentes

B) Criterio de intensidad

C) Accidentes de baja intensidad

D) Pruebas biomecánicas

E) Informe médico concluyente

Subsección 1.ª Perjuicio personal básico (Disposiciones relativas a la tabla 3.A)

Artículo 136. Determinación de la indemnización del perjuicio personal básico.

A) Correlación, concepto, dato diferenciador

Subsección 2.ª Perjuicio personal particular (Disposiciones relativas a la tabla 3.B)

Artículo 137. Perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida.

A) Definición y contenido

Artículo 138. Grados del perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida.

A) Perjuicio grave

B) Perjuicio moderado

Artículo 139. Medición del perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida.

Artículo 140. Perjuicio personal particular causado por intervenciones quirúrgicas.

Subsección 3.ª Perjuicio patrimonial (Disposiciones relativas a la tabla 3.C).

Artículo 141. Gastos de asistencia sanitaria.

A) Gastos hospitalarios

Artículo 142. Gastos diversos resarcibles.

Artículo 143. Lucro cesante por lesiones temporales.

A) Lucro Cesante

£ Actualizaciones de las cuantías indemnizatorias

Sección 3.ª Indemnizaciones por lesiones temporales

Artículo 134. Valoración de la indemnización por lesiones temporales.

1. Son lesiones temporales las que sufre el lesionado desde el momento del accidente hasta el final de su proceso curativo o hasta la estabilización de la lesión y su conversión en secuela.

2. La indemnización por lesiones temporales es compatible con la que proceda por secuelas o, en su caso, por muerte y se cuantifica conforme a las disposiciones y reglas que se establecen en este Capítulo y que se reflejan en los distintos apartados de la tabla 3 que figura como Anexo.

3. La tabla 3 contiene tres apartados:

a) La tabla 3.A establece la cuantía del perjuicio personal básico de acuerdo con los criterios y reglas de este sistema.

b) La tabla 3.B establece la cuantía de los perjuicios personales particulares de acuerdo con los criterios y reglas de este sistema.

c) La tabla 3.C establece la cuantía de los perjuicios patrimoniales, distinguiendo las categorías del daño emergente y del lucro cesante, de acuerdo con los criterios y reglas de este sistema.

INDEMNIZACIONES POR LESIONES TEMPORALES

Tabla 3

Tabla 3.A Perjuicio Personal Básico
Indemnización por día30 €
Tabla 3.B Perjuicio Personal Particular
Por pérdida temporal de calidad de vida
Indemnización por día (incluye la indemnización por perjuicio básico)
Muy Grave100 €
Grave75 €
Moderado52 €
Por cada intervención quirúrgicaDe 400 € hasta 1.600 €
Tabla 3.C  Perjuicio Patrimonial
Gastos de asistencia sanitariasu importe
Gastos diversos resarciblessu importe
Lucro cesantesu importe

Nota: Ver al final actualizaciones de las cuantías económicas.

A) Concepto de sanidad

El art. 134.1 del vigente Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor [LRCSCVM], recogiendo lo que era doctrina anterior consolidada de los tribunales, dispone respecto al período de sanidad que tal periodo se extiende al transcurrido desde «el momento del accidente hasta el final de su proceso curativo o hasta la estabilización de la lesión y su conversión en secuela», esto es desde la producción de las lesiones hasta el día de su completa curación, o si ésta no es posible, hasta aquel en que la ciencia médica agota sus posibilidades terapéuticas valorándose como secuelas el estado patológico o quebranto de salud residual consolidado, tras la finalización del tratamiento. Del mismo resulta, que el periodo de sanidad subsiste mientras existan expectativas de mejora, aun cuando el tratamiento aplicado luego no surta el efecto esperado y esas expectativas no lleguen a consumarse. Por otra parte, respecto a la posibilidad de acortar el periodo indemnizable por el hecho de haber retrasado o seguido en forma discontinua el tratamiento rehabilitador, debe rechazarse salvo en aquellos casos en que tales circunstancias sean imputables al demandante, es decir, si se acredita de alguna forma que la mayor duración del tratamiento ha sido debida a una conducta voluntaria y no justificada del actor.

El concepto de sanidad, desde el punto de vista médico legal debe ponerse en relación con la idea de «estabilidad lesional». La sanidad se alcanza cuando se estabiliza la mejoría de la lesión. En el momento en que la actividad médica no obtiene una «mayor curación», una progresión en la salud, cuando finaliza el tratamiento médico curativo y las lesiones se estabilizan, sin posibilidad de mejoría de las secuelas. En ese momento se produce la sanidad desde el punto de vista médico legal, con la secuela correspondiente, en su caso; y ahí finaliza la incapacidad temporal. La incapacidad temporal «comprende únicamente el periodo que se extiende hasta la curación o estabilización de las lesiones derivadas del siniestro, durante el cual la víctima recibió tratamiento médico. En consecuencia, una vez que las lesiones se estabilizan en el sentido de que no son susceptibles de curarse ni de mejorar con el tratamiento médico recibido, dicho daño corporal ha de valorarse como secuelas determinantes de una incapacidad, no ya temporal, sino permanente» [SSTS 29 de julio de 2013, recurso 920/2011, 21 de enero de 2013, recurso 1614/2009 y 19 de septiembre de 2011, recurso 1232/2008, entre otras].

B) Necesidad de informe médico ajustado a las reglas del sistema

La interpretación del art. 37 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.

El artículo 37 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, bajo el epígrafe «Necesidad de informe médico y deberes recíprocos de colaboración», previene que «la determinación y medición de las secuelas y de las lesiones temporales ha de realizarse mediante informe médico ajustado a las reglas de este sistema«. No basta fundamentar la reclamación en la documentación médica asistencial del tratamiento que se la dispensado. La no incorporación del informe médico ajustado a las reglas del sistema de valoración contenido en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, tal como exige la normativa, impide alcanzar convencimiento sobre cuál ha sido el resultado lesivo y, por ende, los perjuicios personales cuya indemnización se reclama. Siendo así entonces que la determinación y medición de las secuelas y de las lesiones temporales debe realizarse mediante informe médico ajustado a las reglas del sistema (artículo 37.1) y que la correcta aplicación del mismo requiere la justificación de los criterios empleados para cuantificar las indemnizaciones asignadas según sus reglas, con tratamiento separado e individualizado de los distintos conceptos y partidas resarcitorias (artículo 35), corresponde a dicho informe médico ofrecer las justificaciones oportunas acerca de los criterios que deben llevar a la cuantificación de la indemnización por los conceptos que en él se contemplan. Es necesario concretar qué actividades específicas se han visto afectadas y en qué medida lo han sido, no siendo bastante a estos efectos los solo datos obrantes en autos acerca de que se hubiera pautado medicación o tratamiento rehabilitador, que, en principio, es compatible con la mayor parte de las actividades de desarrollo personal y no priva de llevarlas a cabo, aún menos de modo «relevante» como exige la norma, siendo a quien reclama, de acuerdo con lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a quien incumbe demostrar la realidad y extensión del daño, y quien, por ello, habrá de soportar las negativas consecuencias de esa ausencia de prueba

● El artículo 135 de la Ley 35/2015 establece textualmente lo siguiente:

«1. Los traumatismos cervicales menores que se diagnostican con base en la manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor, y que no son susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias, se indemnizan como lesiones temporales, siempre que la naturaleza del hecho lesivo pueda producir el daño de acuerdo con los criterios de causalidad genérica siguientes: […].

2. La secuela que derive de un traumatismo cervical menor se indemniza sólo si un informe médico concluyente acredita su existencia tras el período de lesión temporal. […]».

Esta exigencia legal se ve reforzada en el artículo 37 del mismo texto normativo, en cuyo punto 1 se establece que la determinación y medición de las secuelas y de las lesiones temporales ha de realizarse «mediante informe médico ajustado a las reglas de este sistema».

● Las prescripciones establecidas en los arts. 37 y 135.2 LRCSCVM ponen de manifiesto que la finalidad del sistema es la reparación íntegra del daño (art. 33) y que para su valoración pueden tomarse en consideración cualesquiera informes médicos que permitan determinar su alcance a fin de fijar la cuantía indemnizatoria. Es decir, que sigue una interpretación flexible de estas exigencias que, acorde con el principio constitucional de tutela judicial efectiva, es suficiente que el informe médico se presente con la contestación a la demanda y explique y detalle las dolencias y tratamientos, tiempo de curación y cuadro residual, que permitirá señalar conforme a baremo cuál es la indemnización procedente.

Artículo 33. Principios fundamentales del sistema de valoración.

1. La reparación íntegra del daño y su reparación vertebrada constituyen los dos principios fundamentales del sistema para la objetivación de su valoración.

2. El principio de la reparación íntegra tiene por finalidad asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos. Las indemnizaciones de este sistema tienen en cuenta cualesquiera circunstancias personales, familiares, sociales y económicas de la víctima, incluidas las que afectan a la pérdida de ingresos y a la pérdida o disminución de la capacidad de obtener ganancias.

3. El principio de la reparación íntegra rige no sólo las consecuencias patrimoniales del daño corporal sino también las morales o extrapatrimoniales e implica en este caso compensar, mediante cuantías socialmente suficientes y razonables que respeten la dignidad de las víctimas, todo perjuicio relevante de acuerdo con su intensidad.

4. El principio de vertebración requiere que se valoren por separado los daños patrimoniales y los no patrimoniales y, dentro de unos y otros, los diversos conceptos perjudiciales.

5. La objetivación en la valoración del daño supone que se indemniza conforme a las reglas y límites establecidos en el sistema, por lo que no pueden fijarse indemnizaciones por conceptos o importes distintos de los previstos en él. No obstante, los perjuicios relevantes, ocasionados por circunstancias singulares y no contemplados conforme a las reglas y límites del sistema, se indemnizan como perjuicios excepcionales de acuerdo con las reglas establecidas al efecto en los artículos 77 y 112.

Artículo 37. Necesidad de informe médico y deberes recíprocos de colaboración.

1. La determinación y medición de las secuelas y de las lesiones temporales ha de realizarse mediante informe médico ajustado a las reglas de este sistema.

2. El lesionado debe prestar, desde la producción del daño, la colaboración necesaria para que los servicios médicos designados por cuenta del eventual responsable lo reconozcan y sigan el curso evolutivo de sus lesiones. El incumplimiento de este deber constituye causa no imputable a la entidad aseguradora a los efectos de la regla 8.ª del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, relativa al devengo de intereses moratorios.

3. Los servicios médicos proporcionarán tanto a la entidad aseguradora como al lesionado el informe médico definitivo que permita valorar las secuelas, las lesiones temporales y todas sus consecuencias personales. A los efectos del artículo 7.3.c) de esta Ley, carecerá de validez la oferta motivada que no adjunte dicho informe, salvo que éste se hubiera entregado con anterioridad.

Artículo 135. Indemnización por traumatismos menores de la columna vertebral.

1. Los traumatismos cervicales menores que se diagnostican con base en la manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor, y que no son susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias, se indemnizan como lesiones temporales, siempre que la naturaleza del hecho lesivo pueda producir el daño de acuerdo con los criterios de causalidad genérica siguientes:

a) De exclusión, que consiste en que no medie otra causa que justifique totalmente la patología.

b) Cronológico, que consiste en que la sintomatología aparezca en tiempo médicamente explicable. En particular, tiene especial relevancia a efectos de este criterio que se hayan manifestado los síntomas dentro de las setenta y dos horas posteriores al accidente o que el lesionado haya sido objeto de atención médica en este plazo.

c) Topográfico, que consiste en que haya una relación entre la zona corporal afectada por el accidente y la lesión sufrida, salvo que una explicación patogénica justifique lo contrario.

d) De intensidad, que consiste en la adecuación entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia.

2. La secuela que derive de un traumatismo cervical menor se indemniza sólo si un informe médico concluyente acredita su existencia tras el período de lesión temporal.

3. Los criterios previstos en los apartados anteriores se aplicarán a los demás traumatismos menores de la columna vertebral referidos en el baremo médico de secuelas.

TABLA 2.A.1

BAREMO MÉDICO

Clasificación y valoración de las secuelas

CódigoDescripción de las secuelasPuntuación anatómico funcional

CAPÍTULO III.  SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO

B) COLUMNA VERTEBRAL
1. Traumatismos menores de la columna vertebral
03005Algias postraumáticas cronificadas y permanentes y/o síndrome cervical asociado y/o agravación de artrosis previa1-5
2. Columna vertebral (no derivada de traumatismo menor)
Algias postraumáticas
03013● Sin compromiso radicular y/o síndrome cervical asociado1-5
03014● Con compromiso radicular (deberá objetivarse con EMG) con síndrome cervical asociado6-10

TABLA 2.A.2. Baremo económico

A) Algias postraumáticas cronificadas y permanentes

Si el baremo médico describe como secuela las algias postraumáticas cronificadas y permanentes, y éstas no son otra cosa que un trastorno doloroso que, en principio, y a salvo de que pueda venir asociado a algún otro tipo de sintomatología como una contractura o una limitación en la movilidad susceptible de ser objetivada, debe valorarse en función de la referencia del propio lesionado, no puede condicionarse su reconocimiento a la constatación de una impotencia funcional que no exige la descripción de la secuela y que de existir comportaría una mayor gravedad de la misma o incluso la valoración de una secuela distinta, y, antes al contrario, la persistencia de ese cuadro clínico que guarda relación de continuidad sintomática con las lesiones sufridas en el accidente y con su evolución posterior, evidencia su carácter cronificado y permanente, y justifica su apreciación como tal secuela.

B) Criterio de intensidad

El art. 135 LRCSCVM establece unas pautas para tener acreditadas las patologías, traumatismos cervicales menores, que sólo se referencian con manifestaciones del lesionado, no por pruebas complementarias u objetivas. Dichas pautas, apenas han sido interpretadas todavía por la jurisprudencia menor, pero sí nos servirán para sistematizar la jurisprudencia ya existente en general sobre la materia, y que ya se movía sobre dichos criterios. Dice el citado artículo:

«Indemnización por traumatismos menores de la columna vertebral

1. Los traumatismos cervicales menores que se diagnostican con base en la manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor, y que no son susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias, se indemnizan como lesiones temporales, siempre que la naturaleza del hecho lesivo pueda producir el daño de acuerdo con los criterios de causalidad genérica siguientes:

d) De intensidad, que consiste en la adecuación entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia».

Respecto de este criterio de intensidad hay que destacar que la ley no sólo lo refiere a la intensidad del accidente sino también y de manera conjunta a «las demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia». Desde esta perspectiva resulta que la aparición de lesiones cervicales no sólo se encuentra en función de la intensidad de la colisión, sino también de otras variables como el empleo adecuado de los elementos de seguridad y protección de que puedan disponer el ocupante del vehículo (reposacabezas, cinturones…), su propia constitución física (altura, peso, edad…) o su colocación o posición en el vehículo, incluida la postura que adoptara en el habitáculo en el momento del impacto. Por ello colisiones de idéntica intensidad no han de producir resultados lesivos iguales, y no puede predicarse una directa relación entre colisiones de baja intensidad y ausencia de resultado lesivo sin tener en consideración la totalidad de los factores concurrentes. Este es el parecer de la perito judicial que informó que «la fuerza del impacto es sólo una de las múltiples variables que pueden intervenir en la producción de un latigazo cervical (musculatura del accidentado, posición inicial del lesionado antes del impacto, colocación del reposacabezas, etc.) por lo que por sí solo no excluye la existencia de lesión». Por todo ello, la baja intensidad del accidente no es prueba concluyente de inexistencia de relación causal entre las dolencias de la recurrente y el accidente de tráfico padecido.

C) Accidentes de baja intensidad

La causalidad en el mecanismo lesivo resulta especialmente difícil de determinar cuando su origen es un accidente leve. La cuestión surge con frecuencia ante los tribunales, y esta Sala de apelación ha formado el criterio, derivado de la experiencia común, de que la mayor o menor gravedad de las lesiones no depende necesariamente o de manera exclusiva de la entidad del siniestro, pues en ello confluyen como es notorio múltiples factores, algunos de carácter sumamente aleatorio, como la propia postura del lesionado en el momento del impacto. Por ello no puede descartarse que una colisión entre vehículos, por moderada que sea, pueda activar el mecanismo lesivo, pero será la detallada valoración de los medios de prueba aportados al proceso la que permita formar convicción sobre la existencia o no de la relación causal.

Como se dijo en SAP Pontevedra de 2 de abril de 2017 «En este tipo de accidentes de baja intensidad, ocurridos en la circulación urbana, a los que se atribuye la producción de lesiones en zona cervical o lumbar, inevitablemente habremos de partir de lo que podemos considerar una máxima de experiencia común: se trata de la idea de que, en general, las colisiones de muy escasa entidad, no violentas, sin potencial agresivo, producidas a escasísima velocidad, no generan desplazamientos de intensidad bastante como para provocar movimientos violentos en el cuello y, en consecuencia, lesiones en zona cervical. Por ello, en este tipo de colisiones decididamente livianas es exigible una prueba rigurosa de la vinculación causa-efecto, indubitada y convincente, seriamente contrastada, de que la dinámica y entidad del accidente tiene potencialidad suficiente para originar aquellas lesiones, pues en muchas de ellas no resulta explicable que donde no hay un encuentro de vehículos de una mínima violencia, sin contundencia relevante, pueda, no obstante, producirse un movimiento brusco determinante de un esguince cervical; esto es, que es preciso que quede acreditado un presupuesto fáctico consistente en impacto de entidad suficiente como para generar una transmisión de energía bastante generadora de un movimiento de flexo extensión de violencia o contundencia capaz de producir lesiones en la zona cervical.»

El problema se acentúa porque los criterios médicos para la curación de las lesiones no guardan exacta correspondencia con los criterios de valoración jurídica.

La prueba sobre el nexo causal entre el accidente y las lesiones corresponde a quien reclama indemnización por ellas. Las lesiones que comportan algún tipo de alteración orgánica se pueden diagnosticar de manera objetiva por la exploración o por cualquier medio electro-mecánico o químico de diagnóstico. Sin embargo, algunas lesiones comportan dolor sin que exista una lesión orgánica objetivada o se manifiestan después de haberse corregido esta. Está comprobada médicamente su existencia y por ello se recogen las algias postraumáticas, incluso sin compromiso radicular, en el Anexo del Baremo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

No es posible admitir, a partir de criterios técnicos ajenos a la medicina, que exista un «umbral para posibles lesiones», porque es notorio que en el plano de la salud no existen lesiones sino lesionados, y que la respuesta del cuerpo humano a un impacto es variable y, en cierto modo, impredecible, sometida a un sinfín de circunstancias aleatorias que dan lugar a diferentes resultados; hasta un estornudo sorpresivo y forzado puede dar lugar a una contractura que puede generar algias cervicales. Cualquier estudio teórico sobre lo que se da en denominar «estudios de biomecánica» responden a estudios estadísticos cuyas bases de estudio —por cierto— tampoco conocemos, lo que no nos permite determinar la fiabilidad de las consecuencias extraídas y su adecuada valoración. La respuesta del cuerpo humano ante desplazamientos bruscos solo puede ser medida en cada caso concreto. No responde igual una persona prevenida, que ya está alerta para afrontar el impacto, que a otra desprevenida. No es lo mismo la respuesta de una persona en posición centrada y bien asentada que la de otra en posición de escorzo y algo girada. Y no es lo mismo la respuesta de una persona que la de otra ante impactos de igual intensidad. Podríamos seguir indicando variables, pero lo que es difícil admitir —por no decir que es inadmisible— es considerar que la baja intensidad de un impacto excluye necesariamente posibles algias postraumáticas, salvo una intensidad completamente insignificante porque, como ya hemos dicho, una contractura muscular por un movimiento brusco o por un empujón sorpresivo — por ejemplo— puede generar algias cervicales, sin olvidar que la predisposición a ellas varía incluso para una misma persona con pequeñas alteraciones de las circunstancias.

Sí hemos de dar importancia —y se la damos— a una pronta atención médica —que no tiene tampoco que ser estrictamente inmediata— y a un tratamiento continuado y razonable instaurado por el médico que atiende al lesionado tras producirse la lesión. Y contribuye a reforzar la demostración de las algias postraumáticas el control del médico que opera como un filtro fruto de un estudio sobre la racionalidad del diagnóstico y de la evolución de las lesiones producto de la colisión angular en rotonda.

Y para destruir este criterio de valoración racional de la existencia de las lesiones la demandada ha de articular prueba suficiente para desvirtuar las conclusiones emitidas por el médico que atendió inicialmente al lesionado y corroboradas por otros técnicos.

D) Pruebas biomecánicas

La prueba pericial que se venían denominando de biomecánica (cuando lo analizado no es una ser vivo, sino los daños en los vehículos) y que ahora se conoce como de reconstrucción mecánica, no pueden tenerse como elemento probatorio determinante, por cuanto no pasa de ser una mera evaluación estadística. Responde a un razonamiento simple y capcioso: a menor intensidad de daño en los vehículos, suponemos que hay una menor transmisión de energía, y por lo tanto las lesiones que se producen en sus ocupantes han de ser menores. De esta afirmación, que se confirma estadísticamente, se quiere extrapolar al 100% y establecer una regla absoluta que exonera a las aseguradoras: Si la colisión no genera una cierta deformación en los vehículos, las lesiones (especialmente las cervicales) que puedan invocar los ocupantes son falsas o tienen otro origen. Se omite: (a) Estamos en criterios estadísticos, por lo que la media que pueda obtenerse no es una verdad cierta y absoluta, sino una variable a considerar. (b) La realidad diaria nos demuestra que sí se producen lesiones cervicales pese a tratarse de impactos que no generan unas reparaciones importantes. Una estadística o un macro estudio es eso, y no puede aplicarse sin más de forma individualizada a todo siniestro. SAP A Coruña, Sec. 3, 27 de mayo de 2020, 130/2020, rec. 607/2019.

No pasa de ser una mera evaluación estadística carente del mínimo rigor exigible a toda prueba pericial que se presenta ante un tribunal de justicia:

(a) El razonamiento simple y capcioso:

1) A menor intensidad de daño en los vehículos, tenemos por cierto que hay una menor transmisión de energía a los ocupantes del habitáculo, y de ahí deducimos que las lesiones que se producen a los usuarios también han de ser menores.

2) A partir de ese razonamiento, no siempre cierto, se da un paso más y se sostiene que si la energía transmitida no supera un determinado umbral, no es posible que se produzcan lesiones.

3) Y a renglón seguido, como dicha afirmación se confirma estadísticamente en grandes números, se quiere establecer una regla que exonera a las aseguradoras del cumplimiento de sus obligaciones resarcitorias: Si la colisión no genera una cierta deformación en los vehículos, las lesiones (especialmente las cervicales) que puedan invocar los ocupantes o bien son directamente falsas o bien tienen otro origen. Y de ahí se fijan valores del V (delta uve) y una determinación de cuál ha de ser el valor mínimo de ese V para que consideremos que esa energía puede producir daños a las personas. Bien entendido: Por debajo de ese V se niega la posibilidad de daño. Lo que era estadístico se convierte en verdad absoluta e inmutable.

(b) Quién establece ese umbral. Quién fija el V, quién es la autoridad científica que lo determina, cuáles son los estudios realizados, y cuál es la bibliografía usada por el perito informante. En no pocos informes son meras referencias genéricas a un ente indeterminado: «los criterios estadísticos», «la información médica». En otras ocasiones se aluden a organismos tales como «DC Whiplash Initiative», «las conclusiones de «Folksan» de Suecia», «en opinión de «Québec Task Force»» o «según las conclusiones del «Centro Zaragoza»». O, como en este caso, en que en el informe aportado por la aseguradora, simplemente se establece por los dos ingenieros técnicos que «no se cumple el criterio de intensidad establecido por la bibliografía médica especializada» (sic). La fuente de conocimiento es la «bibliografía médica especializada».

(c) Cada cierto tiempo los peritos nos informan que esos valores, ese umbral, ese V se han modificado. Y curiosamente siempre a la baja. Paulatina y periódicamente se viene admitiendo que a V más bajo sí se pueden producir lesiones cervicales. La conclusión es obvia: Las sentencias desestimatorias de pretensiones indemnizatorias dictadas hasta ese momento, cuyo rechazo de lo pedido se basaba en que no superar los valores entonces establecidos para el V, son injustas por seguir unos criterios que nada tienen de científicos. Se denegaron indebidamente indemnizaciones porque no se sabe quién se equivocó al fijar el V mínimo. El perjudicado, el lesionado, vio rechazada su pretensión porque alguien se equivocó. La pregunta es obvia: ¿Quién asegura que no se sigue equivocando?

(d) Se dice que estamos en criterios estadísticos, por lo que la media que pueda obtenerse no es una verdad cierta y absoluta, sino una variable a considerar. Una estadística o un macro estudio es eso, y no puede aplicarse sin más de forma individualizada a todo siniestro. Nos dará unas tendencias, pero no es causa de exclusión. El que los infartos se produzcan mayoritariamente a partir de una determinada edad no excluye que pueda aparecer en personas más jóvenes.

(e) Se aplica el V como valor absoluto, sin diferenciar si el lesionado es un joven de veinte años, 90 kilogramos de peso, musculado y en situación de prever la colisión, o una señora de 70 años, 45 kilogramos, con osteoporosis, vida sedentaria y que es víctima de un alcance sorpresivo. El V es el V, y lo que diga el resultado de la fórmula es incuestionable.

(f) Pero si ya es cuestionable la forma de determinación del V y su carácter de utilidad científica, su aplicación práctica mucho más. Para precisar el V primero tiene que establecerse a qué velocidad circulaba cada automóvil. Determinación de velocidad harto complicada y que siendo rigurosos no puede darse más que de forma aproximada dentro de una horquilla. Horquilla que se va ampliando conforme menos depurada sea la técnica utilizada. Baste significar que a los radares láser para medir la velocidad de un vehículo en movimiento se les otorga un margen de tolerancia por error. Pero es que en estos casos la velocidad de los automóviles se establece exclusivamente analizando los daños que presentan los vehículos intervinientes, y a partir de ahí se fijan las transmisiones de energía de un vehículo a otro. La conclusión deja de tener el rigor científico necesario como para poder ser atendido.

(g) Si poco rigor tiene la teoría para la determinación de la velocidad, se minora más en la ejecución diaria. Lo curioso es que siguiendo tales criterios, quien acaba resolviendo los litigios es un ingeniero técnico industrial. La valoración subjetiva sobre unos daños en un automóvil, realizada por un ingeniero técnico desde su sede empresarial en Santander, Sevilla o Valencia, que en la mayoría de las ocasiones —por no decir en todas— ni se molestó en ver los vehículos antes de ser reparados, muy habitualmente fiándose exclusivamente del desglose de daños confeccionado por un mecánico de taller, o analizando unas fotos borrosas, resuelve un accidente en A Coruña y establece la velocidad de los vehículos y de ahí el V. Opinión que determinará si una persona debe ser indemnizada o no.

Ausencia total de rigor científico, y sí un amplio margen a la subjetividad, como lo acredita que se hayan presentado dos informes periciales, uno por cada parte, cuyos autores se supone que utilizan los mismos métodos, y que tras analizar los mismos datos llegan a conclusiones opuestas. Para uno se supera el V, y para el otro no aunque sea por muy poco.

(h) Pese a todo, la realidad es tozuda. La experiencia diaria nos demuestra que sí se producen lesiones cervicales en los supuestos de colisiones de vehículos pese a tratarse de impactos que no generan unas reparaciones importantes en los automóviles.

● En relación con las pruebas biomecánicas sobre la intensidad del golpe, la Audiencia Provincial de Oviedo, Sec. 5, en su sentencia de 17 de diciembre de 2019, señala: «En supuestos análogos al de autos en los que se ha acotado con informes de biomecánica, en los que como en el presente caso descartan que el alcance por su escasa entidad pueda ser causante de las lesiones reclamadas, se han pronunciado reiteradamente los Tribunales; y así señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 6 de enero de 2.018: «El primer motivo de impugnación trae causa del dictamen pericial de Biomecánica, documento 1 del escrito de contestación, en el que, a la vista de los aspectos técnicos de los vehículos implicados y los daños ocasionados en los mismos, que no afectaron a ningún elemento interno o estructural, concluye que la intensidad del accidente estaría entre 5,1 y 5,6 km/h, no cumpliendo los criterios de intensidad establecidos por la bibliografía médica especializada, no existiendo así relación causal entre el impacto recibido y el resultado lesivo corporal sufrido por la demandante, tachándose, conforme a lo expuesto, de improcedente la reclamación formulada por la demandante. Es unánime el criterio asentado por las Audiencias Provinciales sobre la eficacia probatoria de los informes Biomecánicos en el sentido de que la entidad de la lesión que puede producir un «latigazo cervical» no sólo se encuentra en función de la intensidad de la colisión, sino también de la situación de la propia víctima, es decir, de su constitución física, altura, peso, edad, colocación o posición en el vehículo o, incluso, de la postura que adoptara en el habitáculo en el momento del impacto; de tal modo que una colisión por alcance de baja intensidad puede determinar un resultado lesivo de mayor alcance, sin que esta circunstancia implique una situación de desproporción entre el siniestro y el resultado. La conclusión alcanzada por los informes periciales presentados por la parte demandada apelante no son en absoluto concluyentes porque se basan en datos puramente teóricos, de tal modo que no puede afirmarse, sin más, que no existe nexo causal cuando se apoya en una mera conjetura dimanante de la velocidad a la que podría circular el vehículo que colisionó contra el que se encontraba detenido para concluir que no existe nexo causal con el resultado lesivo reclamado. Dichos informes carecen de valor probatorio para desvirtuar el alcance del estado lesional que sufrió la Sra. Ofelia, el cual fue seguido facultativamente, desde el mismo día 9 de febrero de 2.016, hasta su sanidad médica, es decir, dicho resultado fue constatado clínicamente, siendo de destacar que el diagnóstico de la lesionada se encuentra en sintonía con las lesiones apreciadas a la demandante desde la primera asistencia facultativa. Los Informes Médicos incorporados a las actuaciones describen el tratamiento y justifican las consecuencias temporales hasta la estabilización lesional por el hecho traumático y posterior sanidad médica, y adquieren mayor trascendencia probatoria que el Informe Médico realizado a instancia de la parte demandada apelante, sobre todo porque se fundamenta en la vigilancia de las lesiones con la inmediatez de los reconocimientos de la propia lesionada».

Asimismo el Auto de la Audiencia Provincial de Huelva de 13 de junio de 2.018 declara: «En cuanto a los criterios para establecer la relación de causalidad, la sentencia de la Sec. 4ª de la Audiencia Provincia de Asturias de 17-12-2014 declara: «Como ha dicho este tribunal en su reciente sentencia de 6 de noviembre de 2.014, siguiendo lo ya razonado en la sentencia de la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial de 2 de junio de 2.014 «la doctrina científica suele usar de los siguientes criterios para establecer relación causal entre un evento o acto señalado como agente y las lesiones que el perjudicado le atribuye, que son: el criterio etiológico, es decir, la concurrencia de un fenómeno externo capaz de producirlas; el topográfico, que se refiere a la correlación entre las lesiones sufridas y la forma o causa que se identifica como productor del daño; el cronológico, que atiende a la correlación temporal entre uno y otro; el de la continuidad caso de reclamarse secuelas». También se alude al criterio de exclusión de la concurrencia de otros factores distintos del señalado como agente que pudiera ser causa del daño»».

Como recuerda la sentencia de la Sec. 9ª de la Audiencia Provincial de Alicante de 7-10-2014, la doctrina de las Audiencias Provinciales se ha mostrado cautelosa a la hora de valorar los informes de biomecánica presentados por las partes en colisiones por alcance. Así la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 2ª) nº 109/2014, de 20 de mayo (Rollo nº 555/2013) señala: «El informe de biomecánica tampoco es prueba que demuestre que con un pequeño golpe no sea posible que se causen lesiones ya que el elemento subjetivo cuenta, no teniendo todo el mundo la misma respuesta ante un mismo impacto, dependiendo también de su salud, posición en el vehículo, etc.». La SAP de León (Sección 1ª) nº 35/2014, de 14 de marzo (Rollo nº 6/2014) muestra las mismas reticencias: «Cualquier estudio teórico sobre lo que se da en denominar «estudios de biomecánica » pudieran responder a estudios estadísticos, pero la respuesta del cuerpo humano a desplazamientos bruscos no puede ser medida salvo en cada caso concreto; no responde igual una persona prevenida por el impacto, que ya está alerta para afrontarlo, que otra desprevenida, y no es lo mismo la respuesta de una persona en posición centrada y bien asentada que la de otra en posición de escorzo y algo girada, y no es lo mismo la que pueda ofrecer un conductor cuando el freno está activado (el impacto incide en mayor medida sobre el objeto fijo) que cuando no lo está y el vehículo es algo desplazado hacia delante (el impacto se amortigua algo por un ligero desplazamiento hacia delante)». Y la SAP de Pontevedra (Sección 6ª) nº 299/2014, de 22 de mayo (Rollo nº 1012/2012): «La inmediatez entre la colisión por alcance y el reconocimiento médico que determina la existencia de un esguince cervical en ambas ocupantes del vehículo colisionado no puede sino ser interpretado a favor del nexo causal; no se conoce ningún otro tipo de acontecimiento al que pueda ser atribuida la lesión referida. El facultativo que asistió a las lesionadas no ofreció criterio alguno para desvincular las sesiones del impacto que su vehículo había sufrido tres horas antes. De hecho, la rectificación de la curvatura lordótica se asocia a una contractura muscular y ésta, a su vez, es reacción propia en casos de colisión por alcance. Ambas lesionadas acudieron a sesiones de rehabilitación». SAP Oviedo, Sec. 5, 27 de mayo de 2020, 176/2020, rec. 116/2020.

E) Informe médico concluyente

La exigencia de «informe médico concluyente» del artículo 135.2 se refiere a la secuela, no a la incapacidad temporal.

La Ley 35/2015, de 22 de septiembre —de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación— establece que como quiera que los traumatismos cervicales menores que se diagnostican con base en la manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor, no son susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias, se indemnizarán como lesiones temporales siempre que la naturaleza del hecho lesivo pueda producir el daño de acuerdo con los criterios de causalidad genérica siguientes, a saber: […].

Añadiendo en el número «2» de dicho precepto legal que la secuela que derive de un traumatismo cervical menor se indemniza sólo si «un informe médico concluyente» acredita su existencia tras el período de lesión temporal. Tal exigencia legal, a su vez reforzada en el art. 37 de dicho texto normativo, donde se establece, en su punto «1», que la determinación y medición de las secuelas y de las lesiones temporales ha de realizarse «mediante informe médico ajustado a las reglas de este sistema».

Nótese que la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, estable en la redacción del artículo 135 que como los traumatismos cervicales menores no resultan susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias, la previsión legal —orientada a evitar la incertidumbre probatoria que las lesiones subjetivas de tal naturaleza provocan y la evitación de abusos— exige que, que para que se indemnicen como lesiones temporales deben pasar, no sólo unos criterios estrictos de causalidad genérica (De exclusión; Cronológico; Topográfico; y De intensidad), sino que también deben fundarse en un marco probatorio mínimo y estricto, consistente en la aportación de «un informe médico concluyente» que acredite su existencia tras el período de lesión temporal. Siendo la conclusión que la falta de dicho informe que, además de los descritos aspectos formales, impide la atribución de suficiente certeza acreditativa a las pretensiones actoras, determina la imposibilidad de estimación de las demandas en este punto. Siempre sobre la base de que la prueba de la acreditación de las lesiones, su alcance y su relación de causalidad con el siniestro corresponde a la actora, determinándose, como causa de la desestimación de la demanda, la falta de tal prueba de tales circunstancias o las dudas subyacentes sobre las mismas (arts. 217, 1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). La no incorporación del informe médico ajustado a las reglas del sistema de valoración contenido en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, tal como exige la normativa, impide alcanzar convencimiento sobre cuál ha sido el resultado lesivo y, por ende, los perjuicios personales cuya indemnización se reclama en concepto de traumatismo cervical menor.

Subsección 1.ª Perjuicio personal básico (Disposiciones relativas a la tabla 3.A)

Artículo 136. Determinación de la indemnización del perjuicio personal básico.

1. El perjuicio personal básico por lesión temporal es el perjuicio común que se padece desde la fecha del accidente hasta el final del proceso curativo o hasta la estabilización de la lesión y su conversión en secuela.

2. Su valoración económica se determina mediante la cantidad diaria establecida en la tabla 3.A.

INDEMNIZACIONES POR LESIONES TEMPORALES

Tabla 3

Tabla 3.A Perjuicio Personal Básico
Indemnización por día30 €
Tabla 3.B Perjuicio Personal Particular
Por pérdida temporal de calidad de vida
Indemnización por día (incluye la indemnización por perjuicio básico)
Muy Grave100 €
Grave75 €
Moderado52 €
Por cada intervención quirúrgicaDe 400 € hasta 1.600 €
Tabla 3.C Perjuicio Patrimonial
Gastos de asistencia sanitariasu importe
Gastos diversos resarciblessu importe
Lucro cesantesu importe

Nota: Ver al final actualizaciones de las cuantías económicas.

A) Correlación, concepto, dato diferenciador

El perjuicio moderado o básico, se corresponde sustancialmente con la categoría de días impeditivos o no impeditivos.

El concepto de perjuicio personal básico está establecido como contraposición al perjuicio personal particular, por pérdida temporal de calidad de vida.

El dato esencial diferenciador consiste en que el perjuicio personal básico, deriva del mero transcurso del tiempo, que discurre hasta el final del proceso curativo o la estabilidad lesional (art. 136), en tanto que el perjuicio personal particular entraña, además, algún grado de impedimento o limitación que la misma lesión, o su tratamiento, produce en la autonomía o desarrollo personal del lesionado (art. 137), entendida la autonomía y el desarrollo personal en los términos definidos en los arts. 50, 53 y 54 del mismo texto legal.

El artículo 136 establece que el perjuicio personal básico por lesión temporal es el perjuicio común que se padece desde la fecha del accidente hasta el final del proceso curativo o hasta la estabilización de la lesión y su conversión en secuela. La superación del estado del perjuicio personal básico —coincidente con los anteriormente denominados días no impeditivos—, para constituirse en perjuicio personal particular, exige un plus en el sufrimiento —de ahí la razón de que la cuantía de la indemnización sea superior—, lo que se caracteriza como la dificultad en el ejercicio de tareas habituales de la vida diaria, no necesariamente las más elementales, sino las comunes o regulares, que por su frecuencia y extensión ocupan una buena parte de los esfuerzos y actividad física y mental diaria de la persona en cuestión.

Por otro lado, los artículos 137 y 138 determinan el perjuicio personal particular que indemniza la pérdida temporal de calidad de vida compensando el perjuicio moral particular que sufre la víctima por el impedimento o la limitación que las lesiones y el tratamiento producen en su autonomía o desarrollo personal; distinguiéndose tres grados: muy grave, grave y moderado.

Y el artículo 138.4 indica que «el perjuicio moderado es aquél en el que el lesionado pierde temporalmente la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal».

El artículo 54 de la ley define e indica «A efectos de esta Ley se entiende por actividades de desarrollo personal aquellas actividades, tales como las relativas al disfrute o placer, a la vida de relación, a la actividad sexual, al ocio y la práctica de deportes, al desarrollo de una formación y al desempeño de una profesión o trabajo, que tienen por objeto la realización de la persona como individuo y como miembro de la sociedad».

Artículo 50. Pérdida de autonomía personal.

A efectos de esta Ley la pérdida de autonomía personal consiste en el menoscabo físico, intelectual, sensorial u orgánico que impide o limita la realización de las actividades esenciales de la vida ordinaria.

Artículo 53. Pérdida de desarrollo personal.

A efectos de esta Ley se entiende que la pérdida de desarrollo personal consiste en el menoscabo físico, intelectual, sensorial u orgánico que impide o limita la realización de actividades específicas de desarrollo personal.

Artículo 54. Actividades específicas de desarrollo personal.

 A efectos de esta Ley se entiende por actividades de desarrollo personal aquellas actividades, tales como las relativas al disfrute o placer, a la vida de relación, a la actividad sexual, al ocio y la práctica de deportes, al desarrollo de una formación y al desempeño de una profesión o trabajo, que tienen por objeto la realización de la persona como individuo y como miembro de la sociedad.

Subsección 2.ª Perjuicio personal particular (Disposiciones relativas a la tabla 3.B)

INDEMNIZACIONES POR LESIONES TEMPORALES

Tabla 3

Tabla 3.B Perjuicio Personal Particular
Por pérdida temporal de calidad de vida
Indemnización por día (incluye la indemnización por perjuicio básico)
Muy Grave100 €
Grave75 €
Moderado52 €
Por cada intervención quirúrgicaDe 400 € hasta 1.600 €

Nota: Ver al final actualizaciones de las cuantías económicas.

Artículo 137. Perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida.

La indemnización por pérdida temporal de calidad de vida compensa el perjuicio moral particular que sufre la víctima por el impedimento o la limitación que las lesiones sufridas o su tratamiento producen en su autonomía o desarrollo personal.

A) Definición y contenido

El perjuicio personal particular por pérdida de calidad de vida se define en el artículo 137 y se encuentra graduado en el artículo 138.

El perjuicio personal particular implica no solo la limitación que causa la misma lesión, o su tratamiento, sino que además comprende las limitaciones a la autonomía o desarrollo personal del lesionado. En ese sentido, el art. 51 y 54 LRCSCVM reputa actividades específicas de desarrollo personal las relativas al disfrute del ocio o de la vida ordinaria, sin mayor concreción.

El art. 137 LRCSCVM concreta el perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida, calificándolo de muy grave, grave y moderado, y por lo que, al perjuicio moderado, se refiere lo define como aquél en el que el lesionado pierde temporalmente las posibilidades de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal (art. 138.4). Actividades que se detallan en el art. 54 como «…las relativas al disfrute o placer, a la vida de relación, a la actividad sexual, al ocio y la práctica de deportes, al desarrollo de una formación y al desempeño de una profesión o trabajo, que tienen por objeto la realización de una persona como individuo y como miembro de la sociedad».

Artículo 138. Grados del perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida.

1. El perjuicio por pérdida temporal de calidad de vida puede ser muy grave, grave o moderado.

2. El perjuicio muy grave es aquél en el que el lesionado pierde temporalmente su autonomía personal para realizar la casi totalidad de actividades esenciales de la vida ordinaria. El ingreso en una unidad de cuidados intensivos constituye un perjuicio de este grado.

3. El perjuicio grave es aquél en el que el lesionado pierde temporalmente su autonomía personal para realizar una parte relevante de las actividades esenciales de la vida ordinaria o la mayor parte de sus actividades específicas de desarrollo personal. La estancia hospitalaria constituye un perjuicio de este grado.

4. El perjuicio moderado es aquél en el que el lesionado pierde temporalmente la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal.

5. El impedimento psicofísico para llevar a cabo la actividad laboral o profesional se reconduce a uno de los tres grados precedentes.

6. Los grados de perjuicio son excluyentes entre sí y aplicables de modo sucesivo. En todo caso, se asignará un único grado a cada día.

A) Perjuicio grave

El artículo 138.3 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor configura el día de perjuicio personal «grave» cuando el lesionado no es capaz de realizar por sí «una parte relevante de las actividades esenciales de la vida ordinaria o la mayor parte de sus actividades específicas de desarrollo personal». Y dentro de dicho concepto se incluye la estancia hospitalaria. Pero es evidente que no se circunscribe solamente los días de estancia hospitalaria, o sus asimilados, como serían aquellos supuestos en que las atenciones sanitarias se prestan por el Servicio de Hospitalización a Domicilio, sino muchos más. Lo que comprende tanto supuestos en que el paciente se haya muy limitado, lo que se dará en casos tales como enyesados —aunque pueda distinguirse cuál es el miembro que soporta el yeso y como afecta-, encamados, etcétera. Es decir, siempre que se vean afectadas una parte relevante de «las actividades de la vida ordinaria». Y además puede contraponerse a la calificación de leve, que se refiere a los supuestos en los que la limitación relevante solamente de las actividades específicas de desarrollo personal, pero sí puede realizar las actividades de la vida diaria.

B) Perjuicio moderado

El perjuicio moderado se describe de la siguiente manera en el apartado 4 de este precepto: «El perjuicio moderado es aquél en el que el lesionado pierde temporalmente la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal». La valoración económica del perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida se determina mediante la cantidad diaria establecida en la tabla 3.B para cada uno de sus grados (art. 139.1). Por último, el artículo 53 define lo que se entiende por «Pérdida de desarrollo personal» a que se refiere el art. 138.4, del siguiente modo: «A efectos de esta Ley se entiende que la pérdida de desarrollo personal consiste en el menoscabo físico, intelectual, sensorial u orgánico que impide o limita la realización de actividades específicas de desarrollo personal». Y se concretan aun más las «Actividades específicas de desarrollo personal», en el artículo 54 «A efectos de esta Ley se entiende por actividades de desarrollo personal aquellas actividades, tales como las relativas al disfrute o placer, a la vida de relación, a la actividad sexual, al ocio y la práctica de deportes, al desarrollo de una formación y al desempeño de una profesión o trabajo, que tienen por objeto la realización de la persona como individuo y como miembro de la sociedad». Es decir, es necesario que se produzca una pérdida temporal de la posibilidad de realizar actividades específicas de desarrollo personal, y que esa pérdida sea de una parte relevante de dichas actividades.

Para que exista un perjuicio particular moderado no es necesario que se vean afectadas las actividades esenciales de la vida, sino una parte «relevante de las actividades específicas del desarrollo personal. Así, el actual art. 54 ofrece la definición de este concepto, que se identifica con «aquellas actividades, tales como las relativas al disfrute o placer, a la vida de relación, a la actividad sexual, al ocio y la práctica de deportes, al desarrollo de una formación y al desempeño de una profesión o trabajo, que tienen por objeto la realización de la persona como individuo y como miembro de la sociedad», que será indemnizable en la medida en que sufran un menoscabo físico, intelectual, sensorial u orgánico (art. 53). Por tanto, se trata de diferenciar, sobre la base de los informes de los facultativos (art. 37.1), si existe un grado mayor de afectación en la parte demandante superior al perjuicio común de estar sometida, durante un tiempo determinado, a un proceso de curación derivado de un accidente, al punto de verse afectada «su vida de relación» o, como se ha dicho, su capacidad de disfrutar plenamente de la vida. En definitiva, si debe incrementarse la indemnización por la existencia de un plus de perjuicio moral (art. 137).

Artículo 139. Medición del perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida.

1. La valoración económica del perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida se determina mediante la cantidad diaria establecida en la tabla 3.B para cada uno de sus grados.

2. La cuantía diaria establecida por cada uno de los grados incorpora ya el importe del perjuicio personal básico.

Artículo 140. Perjuicio personal particular causado por intervenciones quirúrgicas.

El perjuicio personal particular que sufre el lesionado por cada intervención quirúrgica a la que se someta se indemniza con una cantidad situada entre el mínimo y el máximo establecido en la tabla 3.B, en atención a las características de la operación, complejidad de la técnica quirúrgica y tipo de anestesia.

Subsección 3.ª Perjuicio patrimonial (Disposiciones relativas a la tabla 3.C).

INDEMNIZACIONES POR LESIONES TEMPORALES

Tabla 3

Tabla 3.C  Perjuicio Patrimonial
Gastos de asistencia sanitariasu importe
Gastos diversos resarciblessu importe
Lucro cesantesu importe

Nota: Ver al final actualizaciones de las cuantías económicas.

Artículo 141. Gastos de asistencia sanitaria.

1. Se resarcen los gastos de asistencia sanitaria y el importe de las prótesis, órtesis, ayudas técnicas y productos de apoyo para la autonomía personal que por prescripción facultativa necesite el lesionado hasta el final del proceso curativo o estabilización de la lesión y su conversión en secuela, siempre que se justifiquen debidamente y sean médicamente razonables en atención a la lesión sufrida y a sus circunstancias.

2. Las entidades aseguradoras podrán pagar directamente a los centros sanitarios los gastos de asistencia sanitaria y, en su caso, los demás gastos previstos en el apartado anterior, mediante la firma de convenios sanitarios.

3. Se asimilan a los gastos de asistencia los relativos a los desplazamientos que el lesionado realice con ocasión de la asistencia sanitaria de sus lesiones temporales.

A) Gastos hospitalarios

Los daños y perjuicios causados a las personas que se someten al régimen de responsabilidad del art. 1.1, párrafo segundo, de la LRCSCVM y al sistema de valoración regulado en el Anexo de la misma Ley, comprenden, además de los daños estrictamente corporales y morales, ciertos daños patrimoniales derivados del hecho generador de la responsabilidad, ya que la reparación se extiende tanto a la pérdida sufrida como a la ganancia dejada de obtener (art. 1.2 LRCSCVM), en clara alusión al daño emergente y al lucro cesante del art. 1106 del Código Civil. Por otra parte, el mismo art. 1.2 de la LRCSCVM extiende la indemnización de los daños y perjuicios a los «previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador», en referencia a lo dispuesto en el art. 1107 del CC, conforme al cual los perjuicios previstos o que se hayan podido prever son siempre imputables al deudor culposo o de buena fe, de manera que la Ley expresa su voluntad de asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios causados, y en particular de los derivados de la asistencia médica. En este sentido, el apartado primero.6 del Anexo a la LRCSCVM dispone que, «además de las indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas, se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria hasta la sanación o consolidación de secuelas, siempre que el gasto esté debidamente justificado atendiendo a la naturaleza de la asistencia prestada». Por ello, los gastos derivados de la atención médica y hospitalaria, así como los farmacéuticos, e incluso los de desplazamiento a centros médicos para recibir dicha asistencia, constituyen un concepto susceptible de ser indemnizado en todo caso, en la medida en que se trate de un quebranto patrimonial directamente vinculado al daño personal sufrido por la víctima y necesario para su completa reparación o curación, de manera que su indemnización no suponga enriquecimiento alguno para el perjudicado.

Artículo 142. Gastos diversos resarcibles.

1. También se resarcen los gastos que la lesión produce en el desarrollo de la vida ordinaria del lesionado hasta el final del proceso curativo o estabilización de la lesión y su conversión en secuela, siempre que se justifiquen y sean razonables en atención a sus circunstancias personales y familiares.

2. En particular, siempre que se cumplan los requisitos del apartado anterior, se resarcen los incrementos de los costes de movilidad del lesionado, los desplazamientos de familiares para atenderle cuando su condición médica o situación personal lo requiera y, en general, los necesarios para que queden atendidos él o los familiares menores o especialmente vulnerables de los que se ocupaba.

Artículo 143. Lucro cesante por lesiones temporales.

1. En los supuestos de lesiones temporales el lucro cesante consiste en la pérdida o disminución temporal de ingresos netos provenientes del trabajo personal del lesionado o, en caso de su dedicación exclusiva a las tareas del hogar, en una estimación del valor de dicha dedicación cuando no pueda desempeñarlas. La indemnización por pérdida o disminución de dedicación a las tareas del hogar es incompatible con el resarcimiento de los gastos generados por la sustitución de tales tareas.

2. La pérdida de ingresos netos variables se acreditará mediante la referencia a los percibidos en períodos análogos del año anterior al accidente o a la media de los obtenidos en los tres años inmediatamente anteriores al mismo, si ésta fuera superior.

3. De las cantidades que resultan de aplicar los criterios establecidos en los dos apartados anteriores se deducen las prestaciones de carácter público que perciba el lesionado por el mismo concepto.

4. La dedicación a las tareas del hogar se valorará en la cantidad diaria de un salario mínimo interprofesional anual hasta el importe máximo total correspondiente a una mensualidad en los supuestos de curación sin secuelas o con secuelas iguales o inferiores a tres puntos. En los demás casos se aplicarán los criterios previstos en el artículo 131 relativos al multiplicando aplicable en tales casos».

Artículo 131. Multiplicando en caso de lesionados con dedicación a las tareas del hogar de la unidad familiar.

1. En los supuestos de incapacidad absoluta, respecto del trabajo no remunerado del lesionado que no obtenía ingresos por ser la persona que contribuía al sostenimiento de su unidad familiar mediante la dedicación exclusiva a las tareas del hogar, se seguirán las reglas siguientes:

a) Se valora dicho trabajo no remunerado en el equivalente a un salario mínimo interprofesional anual.

b) En unidades familiares de más de dos personas dicha equivalencia se incrementa en un diez por ciento del salario mínimo interprofesional anual por cada persona menor de edad, con discapacidad o mayor de sesenta y siete años que conviva con el lesionado en la unidad familiar, sin que ese incremento adicional pueda superar el importe de un salario mínimo interprofesional anual y medio.

2. En los supuestos de incapacidad total se computa como ingreso dejado de obtener el cincuenta y cinco por ciento de las cantidades señaladas en el apartado anterior. A estos efectos, se entiende por incapacidad total la imposibilidad de llevar a cabo las tareas fundamentales del hogar siempre que pueda realizar otras distintas.

3. Si el lesionado estaba acogido a una reducción de la jornada de trabajo para compatibilizar el trabajo remunerado con las tareas del hogar y el cuidado de la familia, la cantidad a percibir será de un tercio de la que resulte de realizar todas las operaciones de cálculo del lucro cesante con el multiplicando del apartado 1.

A) Lucro Cesante

El lucro cesante por pérdida o disminución de ingresos al no poder desempeñar el trabajo personal o habitual del lesionado, se regula actualmente en el art. 143 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, añadido por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, que establece en sus tres primeros apartados.

En relación con esta fórmula de cálculo del lucro cesante, en el expositivo III del Preámbulo de la Ley 32/2015, de 22 de septiembre, se explica:

«Respecto al lucro cesante, se supera el sistema actual del factor de corrección por perjuicios económicos, que compensa sistemáticamente unos pretendidos perjuicios económicos, se hayan producido o no y, en caso de que se hayan producido, utiliza el criterio de aplicar un cierto porcentaje sobre el perjuicio personal básico. La reforma establece un modelo actuarial que parte de dos factores, el multiplicando y el multiplicador, cuyo producto determinará la indemnización correspondiente.

El multiplicando está constituido por los ingresos netos de la víctima fallecida. En defecto de ingresos, se valora el trabajo no remunerado de la dedicación (exclusiva, y en ocasiones incluso parcial) a las tareas del hogar y la pérdida de la capacidad de trabajo de aquellas personas, como menores o estudiantes, que todavía no han accedido al mercado laboral; en estos casos, se establecen reglas para determinar qué multiplicando correspondería y poder resarcir así el valor de las pérdidas correspondientes.

El multiplicador es un coeficiente que se obtiene para cada perjudicado y que resulta de combinar diversos factores, como la duración del perjuicio, el riesgo de fallecimiento del perjudicado, la tasa de interés de descuento o la deducción de las pensiones públicas».

De la lectura del precepto y su justificación cabe concluir que el legislador ha decidido establecer un concepto legal de lucro cesante que es resultado de la combinación de determinados factores, estableciendo cómo se determinan los ingresos netos variables y qué conceptos deben descontarse, únicamente las prestaciones públicas que haya recibido. Los ingresos netos contemplan la deducción de las cuotas.

£ Actualizaciones de las cuantías indemnizatorias

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

«BOE» núm. 257, de 25 de octubre de 2017, páginas 102826 a 102826 (1 pág.)

El texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, establece, en su artículo 49.1, que las cuantías indemnizatorias del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación fijadas en ella quedan automáticamente actualizadas con efecto de 1 de enero de cada año en el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En este sentido, la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, establece con carácter general una revalorización de las pensiones del 0,25 por ciento.

En aplicación del artículo 49.3 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acuerda hacer públicas en su sitio web http://www.dgsfp.mineco.es/, las cuantías indemnizatorias vigentes durante el año 2017 revalorizadas en el 0,25 por ciento.

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

«BOE» núm. 40, de 14 de febrero de 2018, páginas 18141 a 18141 (1 pág.)

El texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, establece, en su artículo 49.1, que las cuantías indemnizatorias del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, fijadas en ella, quedan automáticamente actualizadas con efecto a 1 de enero de cada año, en el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Debido a que la Ley de Presupuestos no ha sido aprobada antes del primer día del presente ejercicio económico, el Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de pensiones de Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018, establece, en su artículo único, una revalorización de las pensiones del 0,25 por ciento.

Tomando en consideración la disposición anterior y en aplicación del artículo 49.3 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre,

Esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acuerda hacer públicas en su sitio web http://www.dgsfp.mineco.es/, las cuantías indemnizatorias vigentes durante el año 2018 revalorizadas en el 0,25 por ciento.

Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

«BOE» núm. 195, de 13 de agosto de 2018, páginas 81534 a 81534 (1 pág.)

El texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, establece, en su artículo 49.1, que las cuantías indemnizatorias del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, fijadas en ella, quedan automáticamente actualizadas con efecto a 1 de enero de cada año, en el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se hacen públicas las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, tomó en consideración dicha disposición y revalorizó las cuantías indemnizatorias vigentes en el 0,25 por ciento fijado por el Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de pensiones de Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018.

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, establece en su artículo 35 que las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en 2018 con carácter general un incremento del 0,25 por ciento. Asimismo, la disposición adicional quincuagésima primera recoge un incremento adicional de las pensiones al regular que las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las pensiones de Clases Pasivas del Estado, se incrementarán en un 1,35 % adicional a lo previsto en el artículo 35 de dicha ley.

Tomando en consideración la disposición anterior y en aplicación del artículo 49.3 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acuerda hacer públicas en su sitio web http://www.dgsfp.mineco.es/ las cuantías indemnizatorias vigentes durante el año 2018 revalorizadas en un 1,60%.

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

«BOE» núm. 81, de 4 de abril de 2019, páginas 35034 a 35035 (2 págs.)

El artículo 49 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (en adelante LRCSCVM), establece en su apartado 1 que las cuantías y límites indemnizatorios fijados en dicha Ley y en aquellas de sus tablas que no estén regidas por un regla especial según el apartado 2 de dicho precepto, quedan automáticamente actualizadas, con efecto a 1 de enero de cada año, en el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el actual contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018, resulta de aplicación la disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y el artículo 1 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, preceptos a partir de los cuales en el año 2019 las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las pensiones de Clases Pasivas del Estado, se incrementarán en un porcentaje general del 1,6 por ciento.

Por su parte, el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2019 incrementó su importe hasta los 900 euros mensuales, lo que supone un aumento del 22,3 % respecto al vigente en el año 2018.

La Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración, órgano colegiado creado por la disposición adicional primera de la Ley 35/2015, de 22 de diciembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, ha manifestado que la actualización derivada del incremento del SMI ha de aplicarse de forma automática en los supuestos de los artículos 83.2 y 84.1 y 2 de la LRCSCVM, referidos a los casos de muerte, y 128.3, 131 de la misma norma, referidos a los supuestos de secuelas, por la propia estructura de las tablas de lucro cesante de muerte y de secuelas; y además, también se aplicará directamente en los supuestos del artículo 143.4 de la LRCSCVM referido al lucro cesante de las personas con dedicación a las tareas del hogar en caso de lesiones temporales.

No obstante, la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración ha puesto de manifiesto que, en determinados supuestos, el SMI es también un factor que opera de forma indirecta, al encontrarse subsumido en el cálculo requerido por el artículo 125.3 LRCSCVM, referido al multiplicando del coste de los servicios de ayuda de tercera persona, que se refleja en la tabla 2.C.3, y por el artículo 130 c) y d) LRCSCVM, referido al multiplicando aplicable para calcular el lucro cesante de los lesionados pendientes de acceder al mercado laboral menores de treinta años, y que se refleja en el cálculo contenido en las tablas 2.C.7 y 2.C.8.

La aplicación directa de un nuevo SMI, en unos casos, y el mantenimiento de un SMI antiguo en las cuantías contenidas en las tablas actuales, en otros, generaría, a criterio de la Comisión de Seguimiento, en este caso concreto, una situación que es necesario subsanar de forma inmediata desde la fecha de entrada en vigor del aumento del SMI, sin esperar a una eventual actualización de las bases técnicas actuariales.

Con el fin de resolver de modo no restrictivo para los perjudicados las dudas que genera esta situación, la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración ha considerado como una buena práctica que se calcule la indemnización correspondiente en los casos de los artículos 125.3 y 130 c) y d) de la LRCSCVM de acuerdo con el SMI vigente, respetando en todo caso todas las hipótesis económico-financieras y biométricas contenidas en las bases técnicas actuariales a que se refiere el artículo 48 de esta norma.

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, y en aplicación del artículo 49.3 de la LRCSCVM, esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acuerda hacer públicas en su sitio web http://www.dgsfp.mineco.es/, las cuantías indemnizatorias actualizadas para el año 2019, mediante la revalorización del 1,6 por ciento.

Asimismo, acuerda hacer públicas en su sitio web http://www.dgsfp.mineco.es/, las tablas 2.C.3, 2.C.7 y 2.C.8 utilizando el salario mínimo interprofesional vigente en 2019, para el cálculo de las indemnizaciones a que se refieren los artículos 125.3 y130 c) y d) de la LRCSCVM, conforme al criterio recomendado por la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración.

SIM Tablas indemnizatorias 2019

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

«BOE» núm. 98, de 8 de abril de 2020, páginas 28716 a 28716 (1 pág.)

El texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (en adelante LRCSCVM), establece, en su artículo 49.1, que las cuantías indemnizatorias del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, fijadas en ella, quedan automáticamente actualizadas con efecto a 1 de enero de cada año, en el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Debido a que la Ley de Presupuestos Generales del Estado no ha sido aprobada antes del primer día del presente ejercicio económico, el Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social, establece en el artículo 1.2 un incremento de las pensiones del 0,9 por ciento.

Por su parte, el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2020, aumentó su importe hasta los 950 euros mensuales, lo que supone un crecimiento del 5,5555555556 % respecto al vigente en el año 2019.

El cambio para el año 2020 en la cuantía del SMI operado por Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, es, efectivamente, causa de actualización, con efectos de 1 de enero de 2020, de las tablas 2.C.3, 2.C.7 y 2.C.8, trasladándose a éstas el resultado derivado de las fórmulas de cálculo planteadas con el nuevo SMI, actualización que no se encuentra dentro de los casos objeto de prohibición de afectación establecidos en la disposición transitoria única del citado Real Decreto.

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto y en aplicación del artículo 49.3 de la LRCSCVM, esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acuerda hacer públicas en su sitio web, http://www.dgsfp.mineco.es/ , las cuantías indemnizatorias vigentes durante el año 2020 revalorizadas en el 0,9 por ciento.

Asimismo, atendiendo, a lo que se estima prudente y proporcionada aplicación de los principios de íntegra y ágil reparación del daño ocasionado a la víctima, propios de la LRCSCVM, acuerda hacer públicas en su sitio web, http://www.dgsfp.mineco.es/, las tablas 2.C.3, 2.C.7 y 2.C.8, utilizando el SMI vigente en 2020, para el cálculo de las indemnizaciones a que se refieren los artículos 125.3 y 130 c) y d) de la LRCSCVM.

Madrid, 30 de marzo de 2020.–El Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, Sergio Álvarez Camiña.

SMI. Tablas indemnizatorias 2020