Seguro de vehículos a motor. Aseguradora: oferta de pago; intereses de demora.

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I. Obligaciones del asegurador y del perjudicado, art. 7 LRCSCVM

A) Correlación del art. 7 LRCSCVM con el art. 20 LCS

B) Oferta motivada

a) Concepto, naturaleza, requisitos

C) Consignación de la cantidad ofrecida por la aseguradora, art. 7.3.e) LRCSCVM

a) Consignación, suficiente y ofrecida al perjudicado

D) Dilación por el tiempo de curación y determinación de las secuelas, art. 7.4 LRCSCVM

E) Pagos a cuenta de la indemnización final, Dictamen 3/2016 Fiscal

II. Mora del asegurador, art. 9 LRCSCVM

A) Remisión del art. 9 LRCSCVM al 20 LCS

B) No se impondrán intereses por mora, art. 9.a) LRCSCVM

a) Oferta motivada en términos de ley

b) Ofrecimiento de cantidad inferior a la condena

c) Ofrecimiento de pago condicionado a renuncia

d) Respuesta motivada

C) Sentencia penal absolutoria seguida de proceso civil, art. 9.c) LRCSCVM

III. Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, art. 20 LCS

A) Intereses de demora del art. 20 LCS

a) Carácter sancionador, finalidad preventiva

b) Restablecer la situación creada cuando el daño se produjo

c) Vienen a cumplir una doble función

B) Colisión recíproca, no moratorios, sí el legal

C) Mora en el pago del importe mínimo, art. 20.1º y 2º LCS

D) En mora si no cumple en 3 meses, 40 días, art. 20.3º LCS

a) El asegurador, en el plazo de tres meses

b) Mora aun sin reclamación, basta conocer el siniestro

c) Pago o consignación del importe mínimo que pueda ser debido, art. 20.3º LCS

E) Tipos de interés aplicables por mora de la aseguradora, art. 20.4º LCS

F) Término inicial del cómputo de los intereses, art. 20.6º LCS

a) Intereses moratorios, desde la fecha del siniestro

b) Moratorios, fecha de siniestro y consignación

c) Desde la fecha accidente o desde la comunicación

d) Moratorios, desde la reclamación del perjudicado

G) No habrá lugar a la indemnización por mora, causas, art. 20.8 LCS

a) Litigiosidad y diversidad en la interpretación

b) Deber de diligencia del asegurador: causas que justifican o no la mora

c) Causas justificadas de demora: interpretación restrictiva

d) Configuración de las causas de mora

e) Valoración de la posición partes y oposición

f) Mera existencia de un proceso o el hecho de acudir al mismo

g) Resolución judicial imprescindible

h) Ficticia polémica creada sobre la cuantía

H) Consorcio de Compensación de Seguros, art. 20.9º LCS

a) STS 15 junio 2020, 300/2020, rec. 4522/2017

b) Día inicial para el cómputo de los intereses por mora

I) Intereses especiales por mora procesal, art. 20.10º LCS

J) Acción subrogada, aseguradora que ha pagado

I. Obligaciones del asegurador y del perjudicado, art. 7 LRCSCVM

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor [LRCSCVM].

Artículo 7. Obligaciones del asegurador y del perjudicado.

1. El asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes, así como los gastos y otros perjuicios a los que tenga derecho según establece la normativa aplicable. Únicamente quedará exonerado de esta obligación si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad civil conforme al artículo 1 de la presente Ley.

El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa para exigir al asegurador la satisfacción de los referidos daños, que prescribirá por el transcurso de un año.

No obstante, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, deberán comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda. Esta reclamación extrajudicial contendrá la identificación y los datos relevantes de quien o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser conocidas, así como cuanta información médica asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su poder que permita la cuantificación del daño.

Esta reclamación interrumpirá el cómputo del plazo de prescripción desde el momento en que se presente al asegurador obligado a satisfacer el importe de los daños sufridos al perjudicado. Tal interrupción se prolongará hasta la notificación fehaciente al perjudicado de la oferta o respuesta motivada definitiva.

La información de interés contenida en los atestados e informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas de la vigilancia del tráfico que recojan las circunstancias del accidente podrá ser facilitada por éstas a petición de las partes afectadas, perjudicados o entidades aseguradoras, salvo en el caso en que las diligencias se hayan entregado a la autoridad judicial competente para conocer los hechos, en cuyo caso deberán solicitar dicha información a ésta.

2. En el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, tanto si se trata de daños personales como en los bienes, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, que cumpla los requisitos del apartado 3 de este artículo. En caso contrario, o si la reclamación hubiera sido rechazada, dará una respuesta motivada que cumpla los requisitos del apartado 4 de este artículo.

A estos efectos, el asegurador, a su costa, podrá solicitar previamente los informes periciales privados que considere pertinentes, que deberá efectuar por servicios propios o concertados, si considera que la documentación aportada por el lesionado es insuficiente para la cuantificación del daño.

El incumplimiento de esta obligación constituirá infracción administrativa grave o leve.

Trascurrido el plazo de tres meses sin que se haya presentado una oferta motivada de indemnización por una causa no justificada o que le fuera imputable al asegurador, se devengarán intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta Ley. Estos mismos intereses de demora se devengarán en el caso de que, habiendo sido aceptada la oferta por el perjudicado, ésta no sea satisfecha en el plazo de cinco días, o no se consigne para pago la cantidad ofrecida.

El asegurador deberá observar desde el momento en que conozca, por cualquier medio, la existencia del siniestro, una conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización.

Lo dispuesto en el presente apartado será de aplicación para los accidentes que puedan indemnizarse por el sistema de las oficinas nacionales de seguro de automóviles, en cuyo caso toda referencia al asegurador se entenderá hecha a la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles (Ofesauto) y a las entidades corresponsales autorizadas para representar a entidades aseguradoras extranjeras.

3. Para que sea válida a los efectos de esta Ley, la oferta motivada deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Contendrá una propuesta de indemnización por los daños en las personas y en los bienes que pudieran haberse derivado del siniestro. En caso de que concurran daños a las personas y en los bienes figurará de forma separada la valoración y la indemnización ofertada para unos y otros.

b) Los daños y perjuicios causados a las personas se calcularán según los criterios e importes que se recogen en el Título IV y el Anexo de esta Ley.

c) Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los daños, incluyendo el informe médico definitivo, e identificará aquéllos en que se ha basado para cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo.

d) Se hará constar que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle.

e) Podrá consignarse para pago la cantidad ofrecida. La consignación podrá hacerse en dinero efectivo, mediante un aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del órgano jurisdiccional correspondiente, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada.

4. En el supuesto de que el asegurador no realice una oferta motivada de indemnización, deberá dar una respuesta motivada ajustada a los siguientes requisitos:

a) Dará contestación suficiente a la reclamación formulada, con indicación del motivo que impide efectuar la oferta de indemnización, bien sea porque no esté determinada la responsabilidad, bien porque no se haya podido cuantificar el daño o bien porque existe alguna otra causa que justifique el rechazo de la reclamación, que deberá ser especificada.

Cuando dicho motivo sea la dilatación en el tiempo del proceso de curación del perjudicado y no fuera posible determinar el alcance total de las secuelas padecidas a causa del accidente o porque, por cualquier motivo, no se pudiera cuantificar plenamente el daño, la respuesta motivada deberá incluir:

1.º La referencia a los pagos a cuenta o pagos parciales anticipados a cuenta de la indemnización resultante final, atendiendo a la naturaleza y entidad de los daños.

2.º El compromiso del asegurador de presentar oferta motivada de indemnización tan pronto como se hayan cuantificado los daños y, hasta ese momento, de informar motivadamente de la situación del siniestro cada dos meses desde el envío de la respuesta.

b) Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga, incluyendo el informe médico definitivo, que acrediten las razones de la entidad aseguradora para no dar una oferta motivada.

c) Incluirá una mención a que no requiere aceptación o rechazo expreso por el perjudicado, ni afecta al ejercicio de cualesquiera acciones que puedan corresponderle para hacer valer sus derechos.

5. En caso de disconformidad del perjudicado con la oferta motivada, las partes, de común acuerdo y a costa del asegurador, podrán pedir informes periciales complementarios, incluso al Instituto de Medicina Legal siempre que no hubiese intervenido previamente.

Esta misma solicitud al Instituto de Medicina Legal podrá realizarse por el lesionado aunque no tenga el acuerdo de la aseguradora, y con cargo a la misma. El Instituto de Medicina Legal que deba realizar el informe solicitará a la aseguradora que aporte los medios de prueba de los que disponga, entregando copia del informe pericial que emita a las partes.

Asimismo, el perjudicado también podrá solicitar informes periciales complementarios, sin necesidad de acuerdo del asegurador, siendo los mismos, en este caso, a su costa.

Esta solicitud de intervención pericial complementaria obligará al asegurador a efectuar una nueva oferta motivada en el plazo de un mes desde la entrega del informe pericial complementario, continuando interrumpido el plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones judiciales. En todo caso, se reanudará desde que el perjudicado conociese el rechazo de solicitud por parte del asegurador de recabar nuevos informes.

6. Reglamentariamente podrá precisarse el contenido de la oferta motivada y de la respuesta motivada, así como las cuestiones relativas al procedimiento de solicitud, emisión, plazo y remisión de entrega del informe emitido por el Instituto de Medicina Legal correspondiente. Igualmente, dicha normativa garantizará la especialización de los Médicos Forenses en la valoración del daño corporal a través de las actividades formativas pertinentes.

7. En todo caso, el asegurador deberá afianzar las responsabilidades civiles y abonar las pensiones que por la autoridad judicial fueren exigidas a los presuntos responsables asegurados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 764 y 765 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Las pensiones provisionales se calcularán de conformidad con los límites establecidos en el Anexo de esta Ley.

8. Una vez presentada la oferta o la respuesta motivada, en caso de disconformidad y a salvo del derecho previsto en el apartado 5 de este precepto, o transcurrido el plazo para su emisión, el perjudicado podrá bien acudir al procedimiento de mediación previsto en el artículo 14 para intentar solucionar la controversia, o bien acudir a la vía jurisdiccional oportuna para la reclamación de los daños y perjuicios correspondientes.

No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurador.

Se modifica por el art. único.3 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre.

Última actualización, publicada el 23/09/2015, en vigor a partir del 01/01/2016.

Se modifica por el art. 1.7 de la Ley 21/2007, de 11 de junio.

Modificación publicada el 12/07/2007, en vigor a partir del 11/08/2007.

A) Correlación del art. 7 LRCSCVM con el art. 20 LCS

El artículo 7.2.I dispone que la oferta motivada de indemnización, que debe cumplir los requisitos del artículo 7.3, deberá presentarse en el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado si el asegurador entendiera cuantificado el daño, en caso contrario dará una respuesta motivada que cumpla los requisitos del artículo 7.4, entre ellos, dar contestación suficiente a la reclamación, con indicación del motivo que impide efectuar oferta de indemnización, como que no se haya podido cuantificar el daño.

El artículo 7.2.IV prevé que transcurrido el plazo de tres meses sin que se haya presentado una oferta motivada de indemnización por causa no justificada o que le fuera imputable al asegurador, se devengarán intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9. Y el artículo 7.2.V añade que el asegurado deberá observar desde el momento en que conozca la existencia del siniestro, una conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización.

Por su parte, el artículo 20 Ley de Contrato de Seguro establece las reglas a las que ha de ajustarse la indemnización de daños y perjuicios por mora del asegurador en el cumplimiento de la prestación, entre las cuales: que afecta a la mora respecto del tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil; que se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración de siniestro; que se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en el que se devengue, incrementado en el 50%, entendiéndose producidos por días sin necesidad de reclamación judicial; que será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro; que será término final el día en que la aseguradora efectivamente satisfaga la indemnización mediante pago al perjudicado; y que no habrá lugar a indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable.

B) Oferta motivada

a) Concepto, naturaleza, requisitos

El artículo 7 LRCSCVM establece en el apartado 2 que, en el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, que cumpla los requisitos del apartado 3. En caso contrario, o si la reclamación hubiera sido rechazada, dará una respuesta motivada que cumpla los requisitos del apartado 4 de ese artículo. Trascurrido el plazo de tres meses sin que se haya presentado una oferta motivada de indemnización por una causa no justificada o que le fuera imputable al asegurador, se devengarán intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley. Igualmente se devengarán intereses de demora en el caso de que, habiendo sido aceptada la oferta por el perjudicado, ésta no haya sido satisfecha en el plazo de cinco días, o no se haya consignado para pago la cantidad ofrecida.

Según el apartado 3 del mismo artículo, para que sea válida a los efectos de la Ley, la oferta motivada deberá cumplir los siguientes requisitos: a) Contendrá una propuesta de indemnización por los daños en las personas y en los bienes que pudieran haberse derivado del siniestro. En caso de que concurran daños a las personas y en los bienes figurará de forma separada la valoración y la indemnización ofertada para unos y otros. b) Los daños y perjuicios causados a las personas se calcularán según los criterios e importes que se recogen en el anexo de esta Ley. c) Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los daños, identificándose aquellos en que se ha basado para cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo. d) Se hará constar que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle. e) Podrá consignarse para pago la cantidad ofrecida. La consignación podrá hacerse en dinero efectivo, mediante un aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del órgano jurisdiccional correspondiente, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada.

C) Consignación de la cantidad ofrecida por la aseguradora, art. 7.3.e) LRCSCVM

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor [LRCSCVM

Artículo 7. Obligaciones del asegurador y del perjudicado.

3. Para que sea válida a los efectos de esta Ley, la oferta motivada deberá cumplir los siguientes requisitos:

e) Podrá consignarse para pago la cantidad ofrecida. La consignación podrá hacerse en dinero efectivo, mediante un aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del órgano jurisdiccional correspondiente, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada.

Artículo 9. Mora del asegurador.

a) No se impondrán intereses por mora cuando el asegurador acredite haber presentado al perjudicado la oferta motivada de indemnización a que se refieren los artículos 7.2 y 22.1 de esta Ley, siempre que la oferta se haga dentro del plazo previsto en los citados artículos y se ajusten en cuanto a su contenido a lo previsto en el artículo 7.3. La falta de devengo de intereses de demora se limitará a la cantidad ofertada y satisfecha o consignada.

a) Consignación, suficiente y ofrecida al perjudicado

Según ha venido entendiendo la jurisprudencia de esta Sala (Sentencias Tribunal Supremo de 29 junio 2009, rec. nº 840/2005; 7 junio 2010, rec. nº 427/2006; 12 julio 2010, rec. 694/2006; 22 noviembre 2010, rec. nº 400/2006; 28 junio 2011, rec. nº 1968/2007; 28 noviembre 2011, rec. nº 1639/2008; 4 diciembre 2012, rec. nº 2104/2009, y 21 enero 2013, rec. nº 1614/2009, entre las más recientes), el beneficio de la exención del recargo se hace depender del cumplimiento de la obligación de pago o consignación en plazo (tres meses siguientes a la producción del siniestro), y, además, cuando sean daños personales con duración superior a tres meses o cuyo exacto alcance no pueda ser determinado tras la consignación, de que la cantidad se declare suficiente por el órgano judicial a la vista del informe forense si fuera pertinente, siendo este un pronunciamiento que debe solicitar la aseguradora.

Faltando estos dos presupuestos, no cabe reconocer a la conducta desplegada por la compañía de seguros los efectos impeditivos de la constitución en mora que contempla la norma. Hasta la entrada en vigor de la reforma introducida por la Ley 21/2007, de 11 de julio (artículo 7.3 e], en relación con el artículo 9) esta Sala no ha considerado necesario ofrecer al perjudicado las cantidades consignadas para obtener los efectos liberatorios, al reconocerle una finalidad estrictamente de garantía (entre otras, Sentencias Tribunal Supremo de 26 marzo 2009, rec. nº 469/2006, y 12 julio 2010, rec. nº 694/2006). Sentencia Audiencia Provincial Barcelona, Sec. 4, 23 mayo 2019, 447/2019, rec. 477/2018.

b) Jurisdicción voluntaria

Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

TÍTULO V. De los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos al Derecho de obligaciones

CAPÍTULO II. De la consignación. Artículo 98. Ámbito de aplicación, competencia y postulación. Artículo 99. Tramitación.

La sentencia del Tribunal Supremo de 26 marzo 2009 destacó que «a partir de la Ley 31/2007, la consignación a que se refiere el artículo 7.3 e), en relación con el artículo 9 Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor [LRCSCVM] se establece que es una consignación para pago». Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 julio 2010 señaló que «En cuanto a la necesidad de ofrecer al perjudicado las cantidades consignadas para obtener los efectos liberatorios que se pretenden, (..) solo a partir de la entrada en vigor de esta última norma puede afirmarse que la consignación liberatoria es la que se hace para pago (artículo 7.3 e], en relación con el artículo 9); lo que supone que la consignación realizada al amparo de la redacción precedente, ya se tratase de la original de la Ley 30/1995, o de las redacciones resultantes de las modificaciones operadas con posterioridad por la DF 13.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por el Texto Refundido de la LRCSCVM, de 29 de octubre, no era una consignación para pago sino con una finalidad estrictamente de garantía».

De la doctrina jurisprudencial expuesta se desprende que el Tribunal Supremo en ambas resoluciones, y en referencia a los accidentes acaecidos con posterioridad a la reforma de la Ley 21/2007, la única consignación que produce efectos liberatorios para evitar el devengo de intereses es la verificada para pago.

Así pues, lo que debe determinarse en este caso es si tuvo esa naturaleza la consignación lleva a cabo por la aseguradora apelante. Pues bien, en este sentido es claro que en el escrito de oposición a la ejecución se aludió a la consignación sin que en ningún momento se mencionase que se ponía a disposición de la parte ejecutante. Más bien al contrario, amparándose en lo dispuesto en el artículo 556.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se interesó la paralización de la ejecución pues ese precepto contempla precisamente como regla excepcional que, en los casos de oposición por la aseguradora en un procedimiento en el que el título sea un auto de cuantía máxima, por el Letrado de la Administración de Justicia se ordenará la suspensión tan pronto como se tenga por formulada la oposición. Así pues, y pese a lo alegado por la parte apelante, el hecho de que nos hallemos en un proceso ejecutivo no obsta a que la consignación tenga que venir acompañada de la puesta a disposición efectiva del ejecutante, pues en caso contrario no implica que se pueda poner a disposición del ejecutante, precisamente porque tiene un tratamiento normativo específico que contempla la suspensión de todo trámite ejecutivo mientras se resuelve la oposición formulada. Debe recordarse desde este punto de vista que la finalización de la ejecución solo se produce conforme al artículo 570 Ley de Enjuiciamiento Civil con la completa satisfacción del acreedor ejecutante. Si tenemos en cuenta que la consignación no se verifico con una oferta de entrega a la ejecutante y que legalmente se ordenó la suspensión del trámite de la ejecución hasta que se resolviera sobre la oposición formulada, hemos de concluir que esa consignación judicial carecía de efectos liberatorios, puesto que ni podía continuar con la tramitación de la ejecución, ni se interesó por la parte ejecutada la puesta a disposición.

Por otra parte, debe recordarse que con carácter general el artículo 586 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que si el ejecutado formula oposición, la cantidad consignada se depositará en el establecimiento designado para ello y el embargo seguirá en suspenso. Sólo si el ejecutado no formula oposición podrá entregarse la cantidad consignada para evitar el embargo, sin perjuicio de la posterior liquidación de intereses y costas. Así pues, la suma consignada no podía ser entregada a la ejecutante al haberse formulado oposición sin una petición expresa de la aseguradora.

En consecuencia, no puede hacerse recaer esa posición procesal en la parte ejecutante que se encontraba en el marco de un proceso que debía resolver sobre la oposición y existiendo una orden de paralización de todo proceso ejecutivo, de forma que solo podía obtener la completa satisfacción de su pretensión y poner fin a la ejecución cuando se verificase el pago, que quedaba directamente condicionado al pronunciamiento final en el marco de la oposición formulada por la aseguradora.

En conclusión, partiendo de que la ejecución sólo finaliza con la completa satisfacción al acreedor ejecutante y que esto solo se produjo cuando se verificó el pago, sin que en ningún momento anterior la ejecutada hubiera puesto a disposición de la ejecutante esa cantidad, ni pudiera tampoco la ejecutante solicitar la entrega, hemos de concluir que los intereses siguieron devengándose hasta ese momento, por lo que es plenamente ajustada a derecho la resolución dictada en primera instancia y, por tanto, debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto. Auto Audiencia Provincial Madrid, Sec. 13, 20 dic. 2019, 353/2019, rec. 470/2019.

D) Dilación por el tiempo de curación y determinación de las secuelas, art. 7.4 LRCSCVM

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor [LRCSCVM

Artículo 7. Obligaciones del asegurador y del perjudicado.

4. En el supuesto de que el asegurador no realice una oferta motivada de indemnización, deberá dar una respuesta motivada ajustada a los siguientes requisitos:

a) Dará contestación suficiente a la reclamación formulada, con indicación del motivo que impide efectuar la oferta de indemnización, bien sea porque no esté determinada la responsabilidad, bien porque no se haya podido cuantificar el daño o bien porque existe alguna otra causa que justifique el rechazo de la reclamación, que deberá ser especificada.

Cuando dicho motivo sea la dilatación en el tiempo del proceso de curación del perjudicado y no fuera posible determinar el alcance total de las secuelas padecidas a causa del accidente o porque, por cualquier motivo, no se pudiera cuantificar plenamente el daño, la respuesta motivada deberá incluir:

1.º La referencia a los pagos a cuenta o pagos parciales anticipados a cuenta de la indemnización resultante final, atendiendo a la naturaleza y entidad de los daños.

2.º El compromiso del asegurador de presentar oferta motivada de indemnización tan pronto como se hayan cuantificado los daños y, hasta ese momento, de informar motivadamente de la situación del siniestro cada dos meses desde el envío de la respuesta.

b) Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga, incluyendo el informe médico definitivo, que acrediten las razones de la entidad aseguradora para no dar una oferta motivada.

c) Incluirá una mención a que no requiere aceptación o rechazo expreso por el perjudicado, ni afecta al ejercicio de cualesquiera acciones que puedan corresponderle para hacer valer sus derechos.

E) Pagos a cuenta de la indemnización final, Dictamen 3/2016 Fiscal

Dictamen 3/2016 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial sobre la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación:

En el artículo 7.4 a) párrafo 2 se desarrolla, dentro de los motivos que impiden efectuar oferta de indemnización, el supuesto específico y frecuente de “dilatación en el tiempo de la curación e imposibilidad de determinar el alcance de las secuelas”. En él, la respuesta motivada debe incluir:

1º La referencia a los pagos a cuenta o pagos parciales anticipados a cuenta de la indemnización resultante final, atendiendo a la naturaleza y entidad de los daños.

2º El compromiso del asegurador de presentar oferta motivada tan pronto se hayan cuantificado los daños y hasta ese momento de informar motivadamente de la situación del siniestro cada dos meses desde el envío de la respuesta.

En la norma subyace la obligación de la Compañía de efectuar estos pagos a cuenta o parciales, dimanante del deber de diligencia en la cuantificación y liquidación del siniestro antes referido, en función de dos parámetros, la naturaleza y entidad de los daños. De modo expreso se impone el de realizar una información motivada, es decir justificada y detallada, con los datos pertinentes cada dos meses computados desde la fecha del envío de la respuesta. El fundamento último es el deber jurídico de la Aseguradora de satisfacer al perjudicado el importe legal de los daños “… a los que tenga derecho según la normativa vigente…” de ahí que el pago no se pueda condicionar a la renuncia del perjudicado a futuras acciones “… en el caso de que la indemnización fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle…” (artículo 7.1 y 3 d).

II. Mora del asegurador, art. 9 LRCSCVM

A) Remisión del art. 9 LRCSCVM al 20 LCS

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor [LRCSCVM]

Artículo 9. Mora del asegurador.

Si el asegurador incurriese en mora en el cumplimiento de la prestación en el seguro de responsabilidad civil para la cobertura de los daños y perjuicios causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación, la indemnización de daños y perjuicios debidos por el asegurador se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, con las siguientes singularidades:

a) No se impondrán intereses por mora cuando el asegurador acredite haber presentado al perjudicado la oferta motivada de indemnización a que se refieren los artículos 7.2 y 22.1 de esta Ley, siempre que la oferta se haga dentro del plazo previsto en los citados artículos y se ajusten en cuanto a su contenido a lo previsto en el artículo 7.3 de esta Ley. La falta de devengo de intereses de demora se limitará a la cantidad ofertada y satisfecha o consignada.

b) Cuando los daños causados a las personas hubiesen de sufrirse por éstas durante más de tres meses o su exacta valoración no pudiera ser determinada a efectos de la presentación de la oferta motivada a que se refiere la letra a) de este artículo, el órgano jurisdiccional correspondiente, a la vista de las circunstancias del caso y de los dictámenes e informes que precise, resolverá sobre la suficiencia o ampliación de la cantidad ofrecida y consignada por el asegurador, atendiendo a los criterios del Título IV y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el Anexo de esta Ley. Contra la resolución judicial que recaiga no cabrá recurso alguno.

c) Cuando, con posterioridad a una sentencia absolutoria o a otra resolución judicial que ponga fin, provisional o definitivamente, a un proceso penal y en la que se haya acordado que la suma consignada sea devuelta al asegurador o la consignación realizada en otra forma quede sin efecto, se inicie proceso civil en razón de la indemnización debida por el seguro, será aplicable lo dispuesto en el artículo 20.4 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, salvo que nuevamente se consigne la indemnización dentro de los 10 días siguientes a la notificación al asegurado del inicio del proceso.

Se modifica el apartado b) por el art. único.4 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre.

Última actualización, publicada el 23/09/2015, en vigor a partir del 01/01/2016.

Se modifica por el art. 1.8 de la Ley 21/2007.

Modificación publicada el 12/07/2007, en vigor a partir del 11/08/2007.

Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Artículo veinte.

Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a las siguientes reglas:

1.º Afectará, con carácter general, a la mora del asegurador respecto del tomador del seguro o asegurado y, con carácter particular, a la mora respecto del tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil y del beneficiario en el seguro de vida.

2.º Será aplicable a la mora en la satisfacción de la indemnización, mediante pago o por la reparación o reposición del objeto siniestrado, y también a la mora en el pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber.

3.º Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.

4.º La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial.

No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100.

5.º En la reparación o reposición del objeto siniestrado la base inicial de cálculo de los intereses será el importe líquido de tal reparación o reposición, sin que la falta de liquidez impida que comiencen a devengarse intereses en la fecha a que se refiere el apartado 6.º subsiguiente. En los demás casos será base inicial de cálculo la indemnización debida, o bien el importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber.

6.º Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro.

No obstante, si por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no se ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, subsidiariamente, en el de siete días de haberlo conocido, el término inicial del cómputo será el día de la comunicación del siniestro.

Respecto del tercero perjudicado o sus herederos lo dispuesto en el párrafo primero de este número quedará exceptuado cuando el asegurador pruebe que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, en cuyo caso será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del citado ejercicio de la acción directa.

7.º Será término final del cómputo de intereses en los casos de falta de pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber, el día en que con arreglo al número precedente comiencen a devengarse intereses por el importe total de la indemnización, salvo que con anterioridad sea pagado por el asegurador dicho importe mínimo, en cuyo caso será término final la fecha de este pago. Será término final del plazo de la obligación de abono de intereses de demora por la aseguradora en los restantes supuestos el día en que efectivamente satisfaga la indemnización, mediante pago, reparación o reposición, al asegurado, beneficiario o perjudicado.

8.º No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable.

9.º Cuando el Consorcio de Compensación de Seguros deba satisfacer la indemnización como fondo de garantía, se entenderá que incurre en mora únicamente en el caso de que haya transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha en que se le reclame la satisfacción de la indemnización sin que por el Consorcio se haya procedido al pago de la misma con arreglo a su normativa específica, no siéndole de aplicación la obligación de indemnizar por mora en la falta de pago del importe mínimo. En lo restante, cuando el Consorcio intervenga como fondo de garantía, y, sin excepciones, cuando el Consorcio contrate como asegurador directo, será íntegramente aplicable el presente artículo.

10.º En la determinación de la indemnización por mora del asegurador no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1108 del Código Civil, ni lo preceptuado en el párrafo cuarto del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo las previsiones contenidas en este último precepto para la revocación total o parcial de la sentencia.

Se modifica por la disposición adicional 6.2 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre.

Última actualización, publicada el 09/11/1995, en vigor a partir del 10/11/1995.

B) No se impondrán intereses por mora, art. 9.a) LRCSCVM

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor [LRCSCVM]

Artículo 9. Mora del asegurador.

Si el asegurador incurriese en mora en el cumplimiento de la prestación en el seguro de responsabilidad civil para la cobertura de los daños y perjuicios causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación, la indemnización de daños y perjuicios debidos por el asegurador se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, con las siguientes singularidades:

a) No se impondrán intereses por mora cuando el asegurador acredite haber presentado al perjudicado la oferta motivada de indemnización a que se refieren los artículos 7.2 y 22.1 de esta Ley, siempre que la oferta se haga dentro del plazo previsto en los citados artículos y se ajusten en cuanto a su contenido a lo previsto en el artículo 7.3 de esta Ley. La falta de devengo de intereses de demora se limitará a la cantidad ofertada y satisfecha o consignada.

a) Oferta motivada en términos de ley

El artículo 9 de la LRCSCVM dispone: «Si el asegurador incurriese en mora en el cumplimiento de la prestación en el seguro de responsabilidad civil para la cobertura de los daños y perjuicios causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación, la indemnización de daños y perjuicios debidos por el asegurador se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, con las siguientes singularidades: a) No se impondrán intereses por mora cuando el asegurador acredite haber presentado al perjudicado la oferta motivada de indemnización a que se refieren los artículos 7.2 y 22.1 de esta Ley, siempre que la oferta se haga dentro del plazo previsto en los citados artículos y se ajusten en cuanto a su contenido a lo previsto en el artículo 7.3 de esta Ley. La falta de devengo de intereses de demora se limitará a la cantidad ofertada y satisfecha o consignada. (…)».

El apartado a) del artículo 9 [LRCSCVM] establece que el efecto liberatorio del recargo por mora se produce cuando el asegurador acredite haber presentado al perjudicado la oferta motivada de indemnización a la que se refieren los artículos 7.2 y 22.1 de dicha Ley, siempre que la oferta se haga dentro del plazo previsto en los citados artículos y se ajusten en cuanto a su contenido a lo previsto en el artículo 7.3 de esta Ley. En este caso, el plazo previsto es el de tres meses que se prevé en el apartado 2 de su artículo 7, y la consecuencia de la presentación en plazo de la oferta motivada es el devengo de intereses de demora previstos en el artículo 9, salvo causa justificada o no imputable al asegurador.

No podemos obviar que el artículo 9 a) último párrafo señala «La falta de devengo de intereses de demora se limitará a la cantidad ofertada y satisfecha o consignada», por lo tanto, la conjunción «y» implica que no sólo debe efectuarse la oferta, sino también el pago o consignación.

En este sentido se expresa la Sec. 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid en sentencia de 18 septiembre 2017. Asimismo, a tales efectos, la Sec. 9 ª también de esta Audiencia Provincial en sentencia de 1 junio 2017: «Pero, como resulta de lo expuesto, no se realizó la oferta motivada en el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado (artículo 7.2). Ni ha realizado consignación alguna hasta el 31 diciembre 2015, como se recoge en la sentencia de instancia, y sin pago ni consignación no se evita el devengo de intereses, como resulta del último inciso del artículo 9 a) transcrito.»; y la Sec. 10ª en sentencia de 1 diciembre 2016: «A la vista de la redacción de esta última frase del precepto copiado, y a pesar de los intentos de la parte apelante por desconocerla (incluso en la transcripción que del artículo hace en su recurso), queda claro que no basta con ofrecer la indemnización sino que es necesario que esta oferta vaya acompañada («y») de pago («satisfecha») o consignación («consignada»), cosa que no se ha hecho». Sentencia Audiencia Provincial Madrid, Sec. 11, 03 julio 2019, 262/2019, rec. 135/2019.

El artículo 16 del RD 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en la Circulación de Vehículos a Motor, dice: «a efectos de lo establecido en el artículo 9.a) del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, no se producirá devengo de intereses por mora, en cuanto a la cantidad ofrecida, en los siguientes casos: (…) b) Cuando el perjudicado no acepte la oferta motivada de indemnización y la entidad aseguradora consigne en el plazo de cinco días las cuantías indemnizatorias reconocidas en la oferta motivada», (en igual sentido la Sentencia de 17 mayo 2012, de la Sec. 1ª AP Cantabria o AP Málaga de 27 nov. 2017), de manera que si se rechaza la oferta, como aquí sucedió, la Aseguradora venía obligada a consignar cuando menos la cantidad ofertada, lo que no hizo.

● Respecto de la condena al pago de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, ha de recordarse que el abono de tales intereses configura la indemnización por los daños y perjuicios derivados de la mora de la aseguradora en el cumplimiento de su obligación —consecuencia de lo prevenido, con carácter general, en los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil-; de modo que la procedencia o improcedencia de su imposición derivará, precisamente, de la concurrencia o no concurrencia de tal morosidad.

Conforme al artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.

No obstante, y conforme a lo prevenido por el artículo 9 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, no se impondrán intereses por mora cuando el asegurador acredite haber presentado al perjudicado la oferta motivada de indemnización a que se refieren los artículos 7.2 y 22.1 de dicha Ley y siempre que la oferta se haga dentro del plazo previsto en los citados artículos y se ajuste en cuanto a su contenido a lo previsto en el artículo 7.3.

En base a dichos preceptos, la oferta motivada ha de efectuarse por la aseguradora dentro del plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado —si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño— y transcurrido dicho plazo sin haber presentado una oferta motivada de indemnización por una causa no justificada o que le fuera imputable al asegurador, se devengarán intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. De igual modo, se devengarán dichos intereses en el caso de que, habiendo sido aceptada la oferta por el perjudicado, ésta no sea satisfecha en el plazo de cinco días, o no se consigne para pago la cantidad ofrecida.

En caso de que la aseguradora no entendiere acreditada la responsabilidad, o rechazara la reclamación, deberá ofrecer una respuesta motivada ajustada a los requisitos del artículo 7.4 del texto refundido.

La oferta motivada ha de contener los siguientes requisitos (artículo 7.3 del texto refundido):

1.— Ha de contener una propuesta de indemnización por los daños en las personas y en los bienes que pudieran haberse derivado del siniestro. En caso de que concurran daños a las personas y en los bienes figurará de forma separada la valoración y la indemnización ofertada para unos y otros.

2.— Los daños y perjuicios causados a las personas se calcularán según los criterios e importes que se recogen en el Título IV y el Anexo de esta Ley.

3.— Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los daños, incluyendo el informe médico definitivo e identificará aquéllos en que se ha basado para cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo.

4.— Se hará constar que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle.

En el supuesto enjuiciado, acaecido el siniestro el 30 de diciembre de 2016, la aseguradora demandada no ha justificado, en modo alguno, haber procedido, si quiera, al pago del importe mínimo dentro de los cuarenta días siguientes a la recepción de la declaración del siniestro, ni tampoco ha justificado convenientemente, la concurrencia de causa justificada o que no le fuere imputable, para realizarlo. Por consiguiente es indudable su incursión en mora.

Por otra parte, la oferta motivada efectuada por la aseguradora demandada en fecha 11 de septiembre de 2017 es evidente —como razona el juzgador a quo, que no se ajusta, en su contenido, a las previsiones del artículo 7.3 del texto refundido, en cuanto no incluye «de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los daños, incluyendo el informe médico definitivo e identificará aquéllos en que se ha basado para cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo».

En consecuencia, la obligación de pago de los intereses moratorios establecida por la sentencia apelada, resulta plenamente procedente, por lo que procede mantener, también, en tal punto, la sentencia apelada. SAP Madrid, Sec. 25, 19 de junio de 2020, 243/2020, rec. 96/2020.

b) Ofrecimiento de cantidad inferior a la condena

El ofrecimiento de puesta a disposición de una cantidad inferior a la que resulta objeto de condena no tiene carácter liberatorio, pues la ley exige cumplimiento de la prestación o pago (artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro). En el expediente de jurisdicción voluntaria, tampoco se cumplen los requisitos legales, en cuanto no se especifica que el pago no se condiciona a la renuncia de futuras acciones, en el caso que fuera inferior a la que la perjudicada entiende tiene derecho, y resulta una cantidad inferior o insuficiente a la finalmente fijada. El artículo 9 a) de la ley de Responsabilidad Civil y Seguro dispone que para la no imposición de los intereses de mora a la aseguradora ha de acreditarse la presentación de la oferta motivada en plazo y ajustarse en su contenido a lo previsto en el artículo 7.3 de la ley). Por lo tanto, procede, conforme al artículo 20 de la ley de Contrato de Seguro el devengo de los intereses fijados en el mismo.

c) Ofrecimiento de pago condicionado a renuncia

Tiene declarado el Tribunal Supremo (Sentencia Tribunal Supremo 14/3/18): Los ofrecimientos de pago de las aseguradoras condicionados a la renuncia del asegurado a la acción no son eficaces para evitar la mora de aquéllas y sus consecuencias, pues en tales casos no hay verdadero ofrecimiento de pago que, si va seguido de consignación, pueda producir el efecto liberatorio establecido en el párrafo primero del artículo 1176 Código Civil, sino más bien una propuesta o intento de transacción carente de idoneidad para descartar la mora de la entidad aseguradora (sentencia 51/2007, de 5 de marzo, que cita la 1197/2004, de 20 de diciembre y 206/2006, de 23 de febrero).En el mismo sentido la sentencia 1059/2007, de 18 de octubre. Si no fuera así, esta finalidad de la norma quedaría burlada si bastara un mero ofrecimiento vinculado a la firma de un finiquito por el asegurado para evitar la aplicación de la mora del asegurador.

Por último, y con carácter general, además de que la renuncia ha de ser expresa, contundente, con manifestación indiscutible de criterio de voluntad determinante de la misma, o deducida de actos o hechos de los que se deduzca inequívocamente y sin ambigüedad alguna, tampoco es posible la renuncia a derechos que no se han incorporado al patrimonio del renunciante, como ocurre con los intereses respecto de indemnizaciones futuras, pues en puridad, el derecho no existe hasta que no se tiene, y sólo entonces resulta disponible para su titular.

d) Respuesta motivada

En principio y a diferencia de la oferta motivada, la respuesta motivada no es causa que justifique la no imposición de los intereses por mora. Sentencia Audiencia Provincial La Coruña, Sec. 6, 2 sept. 2019, 143/2019, rec. 172/2018.

C) Sentencia penal absolutoria seguida de proceso civil, art. 9.c) LRCSCVM

Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Artículo 9. Mora del asegurador.

c) Cuando, con posterioridad a una sentencia absolutoria o a otra resolución judicial que ponga fin, provisional o definitivamente, a un proceso penal y en la que se haya acordado que la suma consignada sea devuelta al asegurador o la consignación realizada en otra forma quede sin efecto, se inicie proceso civil en razón de la indemnización debida por el seguro, será aplicable lo dispuesto en el artículo 20.4 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, salvo que nuevamente se consigne la indemnización dentro de los 10 días siguientes a la notificación al asegurado del inicio del proceso.

Por lo que se refiere a la vinculación que pueda producir la sentencia penal absolutoria en un ulterior procedimiento civil sobre los mismos hechos, la S. Tribunal Supremo 14 enero 2014, señala:

«La jurisprudencia de esta Sala sobre el grado de vinculación del juez civil a una precedente sentencia penal absolutoria firme es clara en el sentido de que tal vinculación solo se da cuando la absolución se funda en la inexistencia del hecho o en la declaración de no haber sido el acusado autor del mismo. La sentencia 963/2011, de 11 enero 2012, resume esta doctrina jurisprudencial por remisión, a su vez, a la sentencia 212/2005, de 30 de marzo: «La doctrina jurisprudencial viene declarando que la sentencia penal absolutoria no produce el efecto de cosa juzgada en el proceso civil, salvo cuando se declare que no existió el hecho de que la responsabilidad hubiere podido nacer (Sentencias, entre otras, 4 nov. 1.996, 23 marzo y 24 octubre 1.998; 16 octubre 2.000; 15 septiembre 2.003); o cuando se declare probado que una persona no fue autor del hecho (SS. 28 noviembre 1.992 y 12 abril y 16 octubre 2.000), porque repugna a los más elementales criterios de la razón jurídica aceptar la firmeza de distintas resoluciones jurídicas en virtud de las cuales resulte que unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron, o que una misma persona fue su autor y no lo fue (Sentencia Tribunal Constitucional 62 de 1.984, de 21 de mayo; Sentencia Tribunal Supremo 12 abril 2.000). Asimismo tiene dicho que no prejuzga la valoración de los hechos que puede hacerse en el proceso civil (SS. 26 mayo y 1 diciembre 1.994, 16 noviembre 1.995, 14 abril 1.998 y 29 mayo 2.001), y que no impide apreciar imprudencia civil (SS. 18 octubre de 1.999 y 16 octubre de 2.000) no empece a que se pueda entablar la acción civil por culpa extracontractual) pues no significa más que la conducta no es sancionable de acuerdo con la ley penal, no que la misma no pueda ser estimada como fuente de responsabilidad por la ley civil, en su caso (S. 31 enero 2.000)». Es decir, según la jurisprudencia, la sentencia penal absolutoria no prejuzga la valoración de los hechos que pueda hacerse en el proceso civil, y eso sirva tanto la valoración de los hechos relativos a la conducta de quien era acusado en el proceso penal, como de la víctima.

III. Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, art. 20 LCS

A) Intereses de demora del art. 20 LCS

a) Carácter sancionador, finalidad preventiva

El Tribunal Supremo conceptúa la indemnización por intereses de demora del artículo 20 Ley de Contrato de Seguro, exigible a las compañías de seguros, con un carácter netamente sancionador, determinando que se trata de unos intereses punitivos en base a varios argumentos. Así, «la indemnización establecida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tiene desde su génesis un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acierto y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado» (STS, Sala 1ª, de 14-03-2018); «el propósito del artículo 20 Ley de Contrato de Seguro es sancionar la falta de pago de la indemnización o de ofrecimiento de una indemnización adecuada» (STS, Sala 1ª, de 07.02.18); «impedir que se utilice el proceso como instrumento para dificultar o rebajar el cumplimiento de la obligación de pago al perjudicado» (STS, Sala 1ª, 19.12.17).

Como recoge la doctrina de la Sala del Tribunal Supremo (Sentencias 4 dic. 2012, 743/2012, rec. 2104/2009; 5 abril 2016, 206/2016, rec. 1648/2014; 5 julio 2016, 456/2016, rec. 1560/2014; 21 julio de 2016, 514/2016, rec. 2218/2014; 20 enero 2017, 36/2017, rec. 1637/2014; 8 febrero 2017, 73/2017, rec. 2524/2014; 18 enero 2018, 26/2018, rec. 2300/2015):

Con carácter general e invocando un modelo de conducta acrisolado, el propósito del artículo 20 Ley de Contrato de Seguro es sancionar la falta de pago de la indemnización, o de ofrecimiento de una indemnización adecuada, a partir del momento en que un ordenado asegurador, teniendo conocimiento del siniestro, la habría satisfecho u ofrecido. Siempre a salvo el derecho del asegurador de que se trate a cuestionar después o seguir cuestionando en juicio su obligación de pago y obtener, en su caso, la restitución de lo indebidamente satisfecho». Sentencia Tribunal Supremo, Sec. 1, 25 enero 2019, 56/2019, rec. 351/2016.

En definitiva, su función radica en excitar el celo de las compañías en la liquidación de los siniestros, objeto de cobertura en las pólizas suscritas, evitando demoras en el cumplimiento de tal obligación, que constituye el fundamental deber contractual que corresponde a las compañías de seguros (artículos 1 y 18 de la Ley de Contrato de Seguro)

b) Restablecer la situación creada cuando el daño se produjo

Sobre el devengo de intereses moratorios constituye jurisprudencia reiterada la que impone que la obligación de indemnizar por responsabilidad extracontractual, responde a la necesidad de restablecer la situación creada cuando el daño se produjo y por eso debe ser revalorizada cuando se concreta para cumplir la función de reparar íntegramente el daño, tal y como resume la Sentencia del tribunal Supremo de 4 de marzo de 2015, nº 123/2015, rec. 41/2013, al señalar:

«Esta Sala ha declarado que la obligación de indemnizar en los casos de responsabilidad extracontractual constituye una deuda de valor, pues su finalidad es la de restablecer la situación existente cuando se produjo el daño, por lo que resulta necesario adecuar su cuantía al momento en que el perjudicado recibe la indemnización correspondiente Así lo han declarado, entre las más recientes, las sentencias de esta Sala núm. 471/2013, de 5 de julio, y 706/2014, de 3 de diciembre. Ello se explica porque en las obligaciones de esta naturaleza, el dinero no está «in obligatione» sino «in solutione», esto es, el dinero no es propiamente el objeto de la obligación (que está constituido por el resarcimiento del daño causado), sino que es el medio de cumplimiento de la obligación.»

En igual sentido y por todas STS de 3 de Marzo de 2006, nº 986/2006, rec. 4265/1999), que establece:

«Como dice la STS de 16 de diciembre de 2004, no resulta dudoso que el art. 1108 CC se refiere a la indemnización de daños y perjuicios por mora en las deudas de suma, de modo que los intereses (convenidos, y a falta de convenio el legal), cuando no haya pacto en contrario, operan como índice de corrección legal de la depreciación monetaria en el sistema nominalista. En las deudas de valor, entre las que se encuentran las resarcitorias, en las que el dinero es la medida de valor de otras cosas o servicios respecto de las cuales funciona como equivalente o sustitutivo, la reintegración económica habrá de responder a la finalidad de restablecer la situación al tiempo del daño, por lo que la indemnización habrá de ajustarse en lo posible, como indica la doctrina científica, al poder adquisitivo del importe que va a recibir. Para lograr tal equilibrio, en orden a salvar el principio de indemnidad, en la práctica, y por la jurisprudencia, se siguen diversos criterios, y uno de ellos es el de establecer el incremento del IPC, pero nada obsta a que se pueda señalar el de los intereses legales (concepto no vinculable en exclusiva a moratorios), no porque sea de aplicación el art. 1108 CC, sino porque el abono de dicho

c) Vienen a cumplir una doble función

Los intereses moratorios (artículo 20 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) vienen a cumplir una doble función:

Por un lado, resarcir al acreedor que se ve perjudicado por el retraso del deudor en el cumplimiento de su obligación;

Por otro, fomentar el rápido resarcimiento del asegurado o perjudicado imponiendo sobre la aseguradora que retrasa injustificadamente el cumplimiento de su obligación un recargo indemnizatorio de notoria importancia.

B) Colisión recíproca, no moratorios, sí el legal

Procede sustituir el interés del artículo 20 Ley de Contrato de Seguro por el legal desde la interposición de la demanda, ya que la falta de satisfacción de las indemnizaciones se considera justificada en este caso por la falta de un criterio jurisprudencial consolidado sobre la indemnización de los daños en los bienes en los casos de colisión recíproca (regla 8.ª del artículo 20 Ley de Contrato de Seguro). S. Tribunal Supremo, Pleno, 27 mayo 2019, 294/2019, rec. 2999/2016.

● Sobre la aplicación del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro:

1. No procede la aplicación del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro porque la falta de satisfacción de las indemnizaciones, por parte de las demandadas, se considera justificada en este caso por la falta de un criterio jurisprudencial consolidado sobre la indemnización de los daños en los bienes en los casos de colisión recíproca (regla 8.ª del artículo 20 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro).

2. En su lugar procede la condena al pago del interés legal del dinero. En este sentido, la parte demandada ha incurrido en mora en el cumplimiento de su obligación y, por tanto, conforme a lo prevenido en los artículos 1100,1101, 1108 y 1109 del Código Civil, debe condenarse a la parte demandada al pago del interés legal desde la fecha de interpelación judicial. A partir de la presente resolución y hasta su completa satisfacción los intereses serán los que se contemplan en el artículo 576 Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sentencia Audiencia Provincial Barcelona, Sec. 1, 19 julio 2019, 476/2019, rec. 700/2018.

C) Mora en el pago del importe mínimo, art. 20.1º y 2º LCS

Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Artículo veinte.

Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a las siguientes reglas:

2.º Será aplicable a la mora en la satisfacción de la indemnización, mediante pago o por la reparación o reposición del objeto siniestrado, y también a la mora en el pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber.

3.º Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.

Conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sec. 1, 19 mayo 2011, 336/2011, rec. 1783/2007:

«A) Según el artículo 20 Ley de Contrato de Seguro, el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro, siendo entonces la regla general que será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro (artículo 20. 3 ª y 6ª I Ley de Contrato de Seguro).

El artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro señala:

«3.º Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro”.

Y el apartado 8º establece:

«No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable”.

Tal como se desprende de ambas normas existe una previsión legal clara de manera que el régimen general aplicable en materia de intereses es la declaración de mora y por ello aplicando los intereses de naturaleza punitiva previstos en el artículo 20.3 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro siempre que pueda considerarse que la aseguradora obligada al pago de la indemnización ha incurrido en mora, lo que se presume una vez transcurridos tres meses desde la producción del siniestro o al menos desde la sanidad del lesionado sin que se haya procedido al pago o consignación del importe mínimo que pueda ser debido.

D) En mora si no cumple en 3 meses, 40 días, art. 20.3º LCS

Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Artículo veinte.

Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a las siguientes reglas: 3.º Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.

a) El asegurador, en el plazo de tres meses

Sentencia del Tribunal Supremo, Sec. 1, 19 mayo 2011, 336/2011, rec. 1783/2007:

«A) Según el artículo 20 Ley de Contrato de Seguro, el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro, siendo entonces la regla general que será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro (artículo 20. 3 ª y 6ª I Ley de Contrato de Seguro).

Sin embargo (Sentencia Tribunal Supremo de 7 de mayo 2009 y 15 dic. 2010), de forma excepcional, en el caso de que el asegurador pruebe que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del ejercicio de la acción directa».

Sentencia Audiencia Provincial Ávila, Penal, Sec. 1, 3 noviembre 2016, 113/2016, rec. 94/2016.

b) Mora aun sin reclamación, basta conocer el siniestro

Tal y como se indica en la Sentencia Audiencia Provincial León de fecha 28 enero 2014 «una interpretación conjunta de los artículos 7 y 9 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor [LRCSCVM] y del artículo 20 ap. 3º y 8º de la Ley de Contrato de Seguro [LCS] nos llevan a concluir que el asegurador puede incurrir en mora aunque no se haya producido la reclamación por parte del perjudicado, pues si éste, por las razones que fueren, no formula reclamación, el deber de diligencia del asegurador no cesa, teniendo la posibilidad de enervar el pago de los intereses mediante el pago de la indemnización o a través del procedimiento consignativo previsto con carácter general en el artículo 20 Ley de Contrato de Seguro «Es decir, la aseguradora no solo tiene la obligación de pago de la indemnización cuando es reclamada por el asegurado sino desde el mismo momento en que conoce la existencia del siniestro».

El criterio expuesto es compartido por la casi totalidad de las Audiencias Provinciales, y así en igual sentido Sentencia Audiencia Provincial de Madrid de fecha 14/12/11 cuando señala:

La falta de reclamación por parte del perjudicado no exonera a la aseguradora de actuar diligentemente, consignando la cantidad mínima debida o la que corresponda con arreglo al baremo dentro de los 40 días siguientes a su conocimiento del siniestro a fin de que por el Juzgado se determine su suficiencia, pues así se desprende de una interpretación conjunta de los artículos 7.4 a) y 9 LRCSCVM y del artículo 20, apartados 3º y 8º Ley de Contrato de Seguro.

El perjudicado puede observar un comportamiento activo cuando considere que la cantidad exigible es determinable, formulando reclamación al asegurador para obligar a éste a responder mediante una oferta de indemnización o una respuesta negativa motivada, pero si el perjudicado, por la razón que sea, no formula reclamación, el deber de diligencia del asegurador no cesa y tiene la posibilidad de enervar el pago de los intereses mediante el pago de la indemnización o a través del procedimiento consignativo previsto con carácter general en el artículo 20 Ley de Contrato de Seguro.

Por lo tanto, la demora no surge para la aseguradora desde que se le reclama el pago, sino desde que tiene conocimiento del siniestro. Si se le reclama el pago la demora y sus efectos se rigen por lo dispuesto en el artículo 9 LRCSCVM siempre y cuando no haya tenido conocimiento anterior del siniestro, en cuyo caso puede actuar siguiendo los pasos previstos en los artículos 7 y 9 LRCSCVM o, en general, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 Ley de Contrato de Seguro. Así pues, dado que la aseguradora asume la carga de alegar y probar cuándo tuvo conocimiento del siniestro y, en concreto, que solo supo de él cuando se formuló reclamación por el perjudicado, hemos de considerar transcurrido el plazo de tres meses previsto en el artículo 20 Ley de Contrato de Seguro y aplicable a supuestos en los que no ha mediado reclamación del asegurado antes del transcurso de tal plazo.

Tal y como señala la Sentencia Audiencia Provincial León de fecha 17 dic. 2013:

Hay que entender que la previa reclamación del perjudicado no será necesaria, a estos efectos, cuando el asegurador conozca o pueda conocer la existencia y consecuencias del siniestro con anterioridad.

Asegurador en mora: 3 meses desde el siniestro, 40 días desde la declaración, excepciones, artículo 20.3 Ley de Contrato de Seguro

c) Pago o consignación del importe mínimo que pueda ser debido, art. 20.3º LCS

Sentencia del Tribunal Supremo 19-5-2011, 336/2011, rec. 1783/2007:

El artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro señala: «3.º Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro” (artículo 20. 3 ª y 6ª I Ley de Contrato de Seguro). Y el apartado 8º establece: «No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable”.

Tal como se desprende de ambas normas existe una previsión legal clara de manera que el régimen general aplicable en materia de intereses es la declaración de mora y por ello aplicando los intereses de naturaleza punitiva previstos en el artículo 20.3 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro siempre que pueda considerarse que la aseguradora obligada al pago de la indemnización ha incurrido en mora, lo que se presume una vez transcurridos tres meses desde la producción del siniestro o al menos desde la sanidad del lesionado sin que se haya procedido al pago o consignación del importe mínimo que pueda ser debido.

E) Tipos de interés aplicables por mora de la aseguradora, art. 20.4º LCS

Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Artículo veinte.

Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a las siguientes reglas: 4.º La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial. / No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100.

Sentencia Tribunal Supremo, Sec. 1, Pleno, 1 marzo 2007, núm. 1632/2007, rec. 2302/2001

Tipos de interés aplicables por mora de la aseguradora, artículo 20.4º Ley de Contrato de Seguro

En cuanto al tipo de interés aplicable, en la sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 251/2007, de 1 de marzo, recurso 2302/2001 se fija, en relación con la regla cuarta del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, la doctrina de que «Durante los dos primeros años desde la producción del siniestro, la indemnización por mora consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero al tipo vigente cada día, que será el correspondiente a esa anualidad, incrementado en un 50 %. A partir de esta fecha el interés se devengará de la misma forma, siempre que supere el 20%, con un tipo mínimo del 20 %, si no lo supera, y sin modificar los ya devengados diariamente hasta ese momento». Doctrina que es reiterada en las sentencias del mismo Alto Tribunal 51/2007, de 5 de marzo, recurso 1412/2000; 670/2008, de 1 de julio, recurso 372/2002; 59/2009, de 6 de febrero, recurso 1007/2004; 116/2009, de 25 de febrero, recurso 1327/2004; 333/2009, de 19 de mayo, recurso 229/2005; 122/2010, de 9 de marzo, recurso 456/2006; 218/2010, de 9 de abril, recurso 580/2006; 321/2010, de 31 de mayo, recurso 1221/2005; 400/2010, de 23 de junio, recurso 1375/2006; 589/2010, de 29 de septiembre, recurso 1222/2006; 600/2010, de 1 de octubre, recurso 657/2006; 674/2010, de 26 de octubre, recurso 702/2007; 755/2010, de 17 de noviembre, recurso 1299/2007; 825/2010, de 17 de diciembre, recurso 2307/2006; 582/2011, de 20 de julio, recurso 1615/2008; 632/2011, de 20 de septiembre, recurso 792/2008; 736/2016, de 21 de diciembre, recurso 1937/2014, entre otras.

El problema surge al determinar si el interés moratorio del 20% se aplica automáticamente, una vez transcurrido el segundo año desde la fecha del siniestro, o si este interés será el legal del dinero incrementado en un 50% hasta el segundo año, atendiendo a su cómputo por días, y a partir de este segundo año al tipo del 20%, si aquel resulta inferior.

Es lo que, en la doctrina y en distintas y contradictorias sentencias de las Audiencias Provinciales, se conoce como la teoría del tramo único o de los dos tramos de interés.

La primera se justifica en razón a la finalidad sancionadora y disuasoria que el legislador quiso atribuir al interés por mora y a su fin último, dirigido a obtener una rápida y eficaz reparación de los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor, para lo cual entiende que se impuso a las entidades aseguradoras un deber especial de diligencia en el pago de las indemnizaciones, con la consecuencia de que si no lo hace o consigna en el plazo de tres meses, se devengaran los intereses legales incrementados en un 50%, y de que si transcurren dos años desde la fecha del siniestro sin haberlo realizado, los intereses de demora serán al menos del 20% desde la fecha del accidente y no a partir de los dos años. Lo contrario, además, supondría considerar una nueva fecha para el cálculo de intereses —la del tercer año— y la norma no establece cómputo de intereses distinto que no sea el señalado en el nº 6 del artículo 20.

La segunda tiene en cuenta que los intereses se computan por días desde la fecha del siniestro, de manera que fijado un devengo diario conforme al tipo vigente (el correspondiente a la anualidad incrementado en el 50%), lo único que establece el párrafo segundo, cuando la aseguradora se demora más de dos años, es fijar un tipo mínimo más alto, como superior sanción, pero sin alterar la regla de cálculo diario; interpretación que atiende a la modificación operada por ley 30/95 que supuso, como se desprende de su Exposición de Motivos y de los debates parlamentarios previos a su promulgación, que los intereses pasaran a devengarse por días cualquiera que fuera el tipo aplicable, lo que impide su aplicación retroactiva por cuando ello supondría modificar los ya devengados en los dos años anteriores, aplicando el que fuera más gravoso únicamente a partir del tercer año. Este criterio tiene también en cuenta el carácter restrictivo con que ha de interpretarse toda norma sancionadora y la literalidad de su párrafo segundo que utiliza el término «transcurridos» en conexión con una expresión de futuro no «podrá ser», indicativa de que solo entonces, cumplidos los dos primeros años y a partir del primer día del tercero, es cuando se produce el agravamiento del interés.

La falta de jurisprudencia sobre el devengo y cuantía de los intereses moratorios previstos en el artículo 20 Ley de Contrato de Seguro, exige que se fije definitivamente la doctrina de esta Sala, que, se adelanta, no es otra que la siguiente:

Durante los dos primeros años desde la producción del siniestro, la indemnización por mora consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero al tipo vigente cada día, que será el correspondiente a esa anualidad incrementado en un 50 %. A partir de esta fecha el interés se devengará de la misma forma, siempre que supere el 20%, con un tipo mínimo del 20%, si no lo supera, y sin modificar por tanto los ya devengados diariamente hasta dicho momento.

Esta interpretación favorable a la existencia de tramos y tipos diferenciados, es conforme con la intención del legislador, expresada en la Exposición de Motivos de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en cuyo apartado 6º justifica la reforma relativa al artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro en la necesidad de evitar las muy diversas interpretaciones a que había dado lugar, señalando que «se cuantifica el interés de demora, moderando la fórmula de un interés absoluto para hacerlo durante los dos primeros años, referencial al interés legal del dinero».

Este posicionamiento legal no supone la concesión de un plazo de gracia mayor a las compañías de seguros, puesto que nada se dice al respecto. Supone establecer dos periodos con dos tipos de interés aplicables perfectamente diferenciados, que se fijarán sin alterar el cálculo diario, con el mínimo del 20% si a partir del segundo año del siniestro no supera dicho porcentaje. Es además coherente con su tenor gramatical y con su devengo diario, pues ello resulta incompatible con la posibilidad de que haya que esperar dos años para conocer, caso de que la aseguradora incumpla, el tipo de interés que resulta aplicable para modificar retroactivamente los ya devengados día a día, conforme al interés vigente en cada momento, en los dos años anteriores.

El carácter disuasorio de los intereses que se impone en la conclusión contraria puede ser aceptado con reservas desde la idea de evitar la pasividad de las aseguradoras en el cumplimiento de sus obligaciones indemnizatorias, no desde la clara y evidente intención del legislador de dar nuevo un tratamiento a la norma y de contemplar la conducta del obligado al pago de una forma distinta tanto más cuanto que, al tiempo, se decreta de oficio el devengo del interés y este se produce por días.

Si el legislador pretendía reforzar la situación de los perjudicados, difícilmente habría modificado la norma anterior pues le bastaba mantener vigente el tipo único de interés anual del 20%.

Pretender, además, que esta fórmula es más gravosa, y como tal disuasoria, es algo defendible en la actualidad en razón a unos tipos bajos del interés legal, no desde una situación distinta de futuro en la que la suma del 50% al interés legal del dinero puede proporcionar un interés muy superior al del 20%, que actúa como subsidiario de no alcanzarse este valor.

Finalmente, la norma 6ª del artículo 20, no queda alterada con esta interpretación, por cuanto viene referida al momento concreto en que empiezan a devengarse los intereses moratorios, siendo en el apartado 4º en el que se determina el tipo de interés para uno y otro periodo a partir del siniestro. Sentencias Tribunal Supremo, Pleno, 1 marzo 2007, 1632/2007, rec. 2302/2001. 20 julio 2011, 582/2011, rec. 1615/2008; 30 junio 2011, 519/2011, rec. 274/2008; 19 mayo 2011, 336/2011, rec. 1783/2007; 17 diciembre 2010, 825/2010, rec. 2307/2006; 17 noviembre 2010, 755/2010, rec. 1299/2007; 26 octubre 2010, rec. 702/2007; 29 septiembre 2010, 589/2010, rec. 1222/2006; 16 marzo 2010, 153/2010, rec. 504/2006; 10 diciembre 2009, rec. 1090/2005; 19 mayo 2009, 333/2009, rec. 229/2005; 23 abril 2009, 273/2009, rec. 2031/2006; 3 abril 2009, 262/2009, rec. 1062/2004; 25 febrero 2009, 116/2009, rec. 1327/2004; 26 noviembre 2008, 1141/2008, rec. 1459/2002; 11 diciembre 2007, rec. 5525/2000.

F) Término inicial del cómputo de los intereses, art. 20.6º LCS

Artículo veinte. Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a las siguientes reglas: 6.º Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro. / No obstante, si por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no se ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, subsidiariamente, en el de siete días de haberlo conocido, el término inicial del cómputo será el día de la comunicación del siniestro.

Respecto del tercero perjudicado o sus herederos lo dispuesto en el párrafo primero de este número quedará exceptuado cuando el asegurador pruebe que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, en cuyo caso será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del citado ejercicio de la acción directa.

a) Intereses moratorios, desde la fecha del siniestro

El inicio del devengo coincidirá con la fecha del siniestro, según el criterio que viene manteniéndose y que expuso el Tribunal Supremo en su sentencia 736/2016, de 21 de diciembre.

En su caso, los intereses previstos en los artículos 9 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y 20 de la Ley de Contrato de Seguro, atendiendo a las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 7 abril 2011, 14 julio 2012, 5 mayo 2015, 5 abril 2016, 20 de enero y 8 de febrero de 2017 y 7 de febrero de 2019, procede imponerlos a la aseguradora desde la fecha del siniestro (3 noviembre 2015).

El artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro señala:

«3.º Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro”.

Y el apartado 8º establece:

«No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable”.

Tal como se desprende de ambas normas existe una previsión legal clara de manera que el régimen general aplicable en materia de intereses es la declaración de mora y por ello aplicando los intereses de naturaleza punitiva previstos en el artículo 20.3 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro siempre que pueda considerarse que la aseguradora obligada al pago de la indemnización ha incurrido en mora, lo que se presume una vez transcurridos tres meses desde la producción del siniestro o al menos desde la sanidad del lesionado sin que se haya procedido al pago o consignación del importe mínimo que pueda ser debido. Sentencias Audiencias Provinciales Barcelona, Sec. 16, 16 julio 2019, 322/2019, rec. 41/2019; Madrid, Sec. 21, 23 julio 2019, 312/2019, rec. 57/2018; Murcia, Sec. 1 del 08 julio 2019, 224/2019, rec. 311/2019.

A tales efectos, pone de relieve la SAP. Murcia (Sección 1ª) de 11 de febrero de 2019, tras la transcripción parcial de los artículos del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, y 20 de la Ley de Contrato de Seguros:

«Tal como se desprende de ambas normas existe una previsión legal clara de manera que el régimen general aplicable en materia de intereses es la declaración de mora y por ello aplicando los intereses de naturaleza punitiva previstos en el artículo 20.4 Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro, siempre que pueda considerarse que la aseguradora obligada al pago de la indemnización ha incurrido en mora, lo que se presume una vez transcurridos tres meses desde la producción del siniestro o al menos desde la sanidad del lesionado sin que se haya procedido al pago o consignación del importe mínimo que pueda ser debido. Junto con este régimen general se incorpora un régimen excepcional que excluye la aplicación de los intereses de demora y solo en aquellos casos en los que esté debidamente justificada la existencia de causa que ha impedido el pago o consignación de la cantidad debida».

● En lo referente a la determinación de cuál es el importe diario a aplicar, es cierto que el artículo 40.1 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor preceptúa que «los importes del sistema de valoración vigente a la fecha del accidente, con la actualización correspondiente al año en que se determine el importe por acuerdo extrajudicial o por resolución judicial». Pero este planteamiento omite que el artículo 40.2 introduce una matización importante: «En cualquier caso, no procederá esta actualización a partir del momento en que se inicie el devengo de cualesquiera intereses moratorios». Si la parte está pidiendo que se condene a la aseguradora a abonar el interés previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro porque incurrió en mora, no puede al mismo tiempo instar la actualización de las indemnizaciones. No se puede pedir, ni otorgar, ambos incrementos económicos.

b) Moratorios, fecha de siniestro y consignación

Si no se aprecia causa que justifique la no imposición de los intereses del artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, los intereses de demora los deberá abonar la aseguradora desde la fecha del siniestro hasta el momento de la consignación, sin perjuicio de que desde la consignación siga generando intereses del artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro la cantidad no consignada que es la que resulta de la diferencia entre lo consignado y las cantidades concedidas en esta resolución. Sentencia Audiencia Provincial Burgos, Sec. 3, 5 julio 2019, 341/2019, rec. 171/2019.

c) Desde la fecha accidente o desde la comunicación

Como regla general, el artículo 20.6 º de la Ley de Contrato de Seguro, dispone que será término inicial del cómputo de los intereses de demora la fecha del siniestro, aunque, añade el mencionado número 6º del artículo 20, si por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no se ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, subsidiariamente, en el de siete días de haberlo conocido, el término inicial del cómputo será el día de la comunicación del siniestro. SSAP Barcelona, Sec. 1, 18 febrero 2019, 88/2019, rec. 1084/2017; 12 febrero 2018, 67/2018 rec. 600/2016; 17 enero 2018, 10/2018, rec. 506/2016; Sec. 4, 16 febrero 2018, 106/2018, rec. 461/2017; Sec. 13, 3 mayo 2019, 431/2019, rec. 44/2018.

d) Moratorios, desde la reclamación del perjudicado

Sobre la condena el pago de los intereses del artículo 20 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro la regulación en la materia, introducida por la Ley 21/2007 de 11 de julio, que incorpora al derecho interno la Directiva comunitaria 2005/14/CE de 11 mayo 2005, trata de precisar los requisitos que se imponen a la aseguradora para evitar el recargo de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, obligándole a realizar una oferta motivada, o una respuesta denegatoria también motivada, a la previa reclamación del perjudicado, y al respecto destaca la jurisprudencia, entre otras Sentencia Audiencia Provincial Coruña, 6ª, de 23 de febrero de 2012 y Guadalajara 27 octubre 2012 que el plazos de tres meses que con anterioridad a la reforma se contaba desde la fecha del accidente para comprobar el retraso de la aseguradora, en la actualidad se computa desde la reclamación del perjudicado (artículo 7 y 9 del Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y 20 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro). Sentencia Audiencia Provincial Burgos, Sec. 3, 28 junio 2019, 325/2019, rec. 426/2018.

G) No habrá lugar a la indemnización por mora, causas, art. 20.8 LCS

Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Artículo veinte.

Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a las siguientes reglas: / 8.º No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable.

a) Litigiosidad y diversidad en la interpretación

La experiencia jurisprudencial nos muestra que la aplicación del artículo 20 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro ha originado una abundante litigiosidad y, paralelamente, una importante diversidad de posturas en la interpretación y aplicación del mismo, incluso ciñéndonos a la jurisprudencia del Tribunal que en esta materia presenta una constante evolución. Como indica la STS 31-1-2011, Sala de lo Civil, 31-01-2011 (rec. 2156/2006), «La apreciación de la justificación corresponde a los tribunales que conocen en instancia, que habrán de hacer la ponderación caso por caso, teniendo en cuenta la finalidad del precepto», si bien, como señala la STS 12-11-2009, «pese al indudable casuismo existente en la aplicación de la norma y a las soluciones distintas que se han dado sobre la consideración la «causa justificada», lo cierto es que la jurisprudencia de esta Sala ha procurado objetivarla a partir de la evolución de la norma y de la propia jurisprudencia (Sentencias Tribunal Supremo 11 octubre 2007; 3 abril 2009, entre otras)».

b) Deber de diligencia del asegurador: causas que justifican o no la mora

El deber de diligencia que incumbe al asegurador, al objeto de determinar la cuantía del pago o de la consignación a realizar en evitación de recargo por demora, no se incumple si el retraso en el pago de la indemnización se debe a una causa que no es imputable al asegurador o que está justificada (artículo 20-8º Ley de Contrato de Seguro). Así, la mora no podrá imputarse al asegurador cuando obedezca a caso fortuito, fuerza mayor, o a culpa del propio asegurado o de un tercero. Habrá causa justificada cuando no puedan determinarse las causas del siniestro, o su alcance y efectos, sin una previa decisión judicial, siempre que exista una seria dificultad o una duda objetiva y fundada para saber si el siniestro se encuentra incluido en el ámbito de cobertura del seguro contratado. No basta la mera disconformidad del asegurador con la causa alegada o la cantidad reclamada, debiendo valorarse, tanto la complejidad real de la controversia, como la actitud adoptada por el asegurador en orden a una rápida liquidación del siniestro, por lo que si la conducta dilatoria de éste, o su oposición a satisfacer la indemnización que se considera debida, se revelan sustancialmente infundadas deberán aplicarse los intereses. Además, de haber alguna duda sobre la procedencia de la reclamación, o cuando la misma se considere irrazonable o abusiva, la entidad aseguradora siempre podrá optar por la consignación, en lugar de la satisfacción directa, para evitar el recargo legal, pero sin que, en ningún caso, deban recaer sobre el perjudicado o el acreedor las consecuencias de esa posible discrepancia, empleada como medio para justificar el incumplimiento o el retraso en el pago de la indemnización debida, sin un fundamento razonable o suficiente.

En general, la jurisprudencia ha estimado injustificada la demora en el pago de la indemnización cuando resulta ficticia la polémica creada sobre la cuantía de la indemnización o la oposición adolece de evidente fragilidad (SSTS 7 de mayo de 2001, 25 de abril de 2002, 8 noviembre 2004, 1 julio 2008 y 26 octubre 2010, entre otras), sin que baste como justificación la mera oposición al pago o las maniobras dilatorias por parte de la entidad aseguradora, aunque se formule en un proceso judicial (SSTS 25 abril 2002, 8 noviembre 2004, 15 de diciembre de 2005, 2 marzo 2006, 21 diciembre 2007 y 7 junio 2010), o la mera discusión en torno a la cobertura (SSTS 7 enero y 8 abril 2010), pues la razón del mandato legal radica en impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados (SS 16 marzo 2004, 15 diciembre 2005, 11 diciembre 2006, 21 diciembre 2007 y 11 abril 2011).

En concreto, se ha venido negando el carácter de causa justificativa del impago a la sola discusión acerca de la cuantía de la indemnización pretendida, así como la creencia del asegurador de que corresponde una indemnización inferior a la pedida, cuando ésta se revela justa o razonable (SSTS 6 abril 1990, 3 octubre 1991, 31 enero 1992, 3 diciembre 1994, 20 mayo 2004), sin que la mera iliquidez sea por sí misma excusa razonable para que el asegurador pueda demorar el pago (SS 10 diciembre 2004, 29 noviembre 2005, 9 febrero 2007, 29 septiembre 2010 y 1 febrero 2011).

Por el contrario, se ha considerado justificada la mora en los casos en que es discutible la existencia o realidad del siniestro, como sucede cuando no se han averiguado sus causas siendo necesario acudir al órgano jurisdiccional competente para determinarlas, o hay una discrepancia razonable y objetiva sobre su cobertura (SSTS 4 septiembre 1995, 12 marzo 2001, 10 diciembre 2004, 29 noviembre 2005, 10 mayo 2006 y 18 octubre 2007), cuando la complejidad de las relaciones habidas entre las partes excluye la fácil determinación de la cantidad realmente adeudada (SS 5 marzo 1992, 10 diciembre 2004, 29 noviembre 2005 y 8 marzo 2006), o bien la reclamación es de cuantía exagerada (SSTS 17 diciembre 2003 y 21 diciembre 2007). En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo, entre otras muchas, en Sentencia nº 466/2014, de fecha 23 de diciembre de 2014.

c) Causas justificadas de demora: interpretación restrictiva

Si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8º Ley de Contrato de Seguro, la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del recargo en el que consisten los intereses de demora, en la apreciación de esta causa de exoneración el Tribunal Supremo ha mantenido una interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados (Sentencias Tribunal Supremo 17 octubre 2007, rec. n.º 3398/2000; 18 octubre 2007, rec. n.º 3806/2000; 6 noviembre 2008, rec. n.º 332/2004; 7 junio 2010, rec. n.º 427/2006; 1 octubre 2010, rec. n.º 1314/2005; 17 diciembre 2010, rec. n.º 2307/2006; 11 abril 2011, rec. n.º 1950/2007 y 7 noviembre 2011, rec. n.º 1430/2008, entre las más recientes).

La jurisprudencia no aprecia exoneración del pago de intereses correspondientes a la justa causa establecida en la regla 8ª del artículo 20 Ley de Contrato de Seguro cuando, sin cuestionarse la realidad del siniestro ni su cobertura, la incertidumbre surge únicamente respecto de la influencia causal de la culpa del asegurado en su causación, incluso en supuestos de posible concurrencia de conductas negligentes, porque la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor se asienta sobre el riesgo generado por su conducción de manera que la culpa de la víctima, aunque resulte probada, si no constituye la causa exclusiva del accidente, carece de eficacia para eximir de responsabilidad al conductor (STS 25 febrero 2013)

En este sentido se pronuncia la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 8 febrero 2017 con abundante cita de sentencias anteriores:

«Si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8º Ley de Contrato de Seguro, la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del recargo en los que consisten los intereses de demora, en la apreciación de esta causa de exoneración esta Sala ha mantenido una interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados. En todo caso y a pesar de la casuística al respecto, viene siendo criterio constante en la jurisprudencia no considerar causa justificada para no pagar el hecho de acudir al proceso para dilucidar la discrepancia suscitada por las partes en cuanto a la culpa, ya sea por negarla completamente o por disentir del grado de responsabilidad atribuido al demandado en supuestos de posible concurrencia causal de conductas culposas (STS 12 julio 2010, rec. 694/2006 y S. Tribunal Supremo 17 dic. 2010, rec. n.º 2307/2006.

d) Configuración de las causas de mora

La jurisprudencia del Tribunal Supremo está fijada en sentencias como la sentencia de 6 junio 2013, 404/2013, rec. 293/2011:

«Diversas sentencias de esta Sala han ido configurando las causas de mora de las aseguradoras: la sentencia de 8 noviembre 2004, señala que la Sala tiene declarado que «carece de justificación la mera oposición al pago (sentencias de 7 mayo 2001 y 25 abril 2002), así como las maniobras dilatorias por parte de la entidad aseguradora, como negar la existencia del contrato (sentencia de 3 noviembre 2001), sentencia de 10 diciembre 2004 dice que «cuando la mora este fundada «en una causa justificada» como acontece si no están determinadas las causas del siniestro, (determinación necesaria para saber si está o no comprendido dentro de la cobertura del asegurador), si se desconoce razonablemente la cuantía de la indemnización que ha de ser fijada por el asegurador, si determinadas las causas del siniestro (por ejemplo, que el incendio ha sido provocado) surgen claras sospechas de que pueda haber sido ocasionado por el propio asegurado, etc.» (en el mismo sentido, la sentencia de 22 octubre 2004). También la sentencia de 7 mayo 2001 afirma que «tan sólo se evita la sanción si el retraso es por causa justificada o por causa no imputable a la sociedad aseguradora» (sentencia núm. 234 de 2006 de 14 de marzo).

Más recientemente ha declarado la Sala: según el artículo 20.8 de la Ley Contrato de Seguro, el recargo de los intereses por mora del asegurador tiene lugar cuando no se produce el pago de la indemnización por causa no justificada o imputable a la aseguradora. En su interpretación, tanto en su primitiva redacción, como en el texto vigente dado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, esta Sala ha declarado en reiteradas ocasiones que la indemnización establecida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tiene desde su génesis un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado.

La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial, nada de lo cual se da en el caso (sentencias Tribunal Supremo 13 junio 2007; 26 de mayo y 20 de septiembre 2011 sentencia Tribunal Supremo del 25 enero 2012).

Sobre la incertidumbre también ha declarado la Sala que no la integra la mera discrepancia en las cuantías reclamadas (sentencia Tribunal Supremo 17 mayo 2012).

A la vista de esta doctrina hemos de concretar que no ha sido necesario el proceso para determinar la cuantía, en lo esencial, pues la sentencia recurrida se ajustó al informe del médico forense que conocía la aseguradora y pese a ello no completó la consignación inicial».

e) Valoración de la posición partes y oposición

La jurisprudencia ha ido sentando una doctrina en la que valora la posición de las partes y la razonabilidad de la oposición o del impago por parte de la compañía aseguradora, aunque sin llegar a superar el presupuesto de la liquidez, frente a lo que ha ocurrido en la aplicación del artículo 1108 del Código Civil (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 marzo 2006), hasta llegar a la regla, consolidada, de que los intereses señalados en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro se deben si no se encuentra una razón justificativa del impago de la indemnización por parte de la compañía aseguradora (Sentencias del Tribunal Supremo de 10 diciembre 2004, 28 de enero y 15 julio 2005, 10 y 31 de mayo, 9 de junio, 21 de septiembre, y 14 diciembre 2006, 23 de febrero, 9 de marzo, y 11 junio 2007, de modo que la norma parece dictada para atajar el problema práctico de utilizar el proceso como maniobra dilatoria para retrasar o dificultar el cumplimiento de la obligación de pago de la indemnización (Sentencias del Tribunal Supremo de 16 marzo 2004, 15 diciembre 2005, y 2 marzo 2006), por lo que la apreciación de la conducta de la aseguradora ha de hacerse caso por caso, permitiéndose la restricción de los efectos del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro a la hora de interpretar el presupuesto de la mora, ciñéndola a la constatación de una conducta irresponsable del asegurador y a la carencia de justificación del retraso, habiéndose considerado como causas justificadas la polémica o la discusión sobre la existencia del siniestro, o sobre sus causas (Sentencias del Tribunal Supremo de 12 marzo 2001, 9 de marzo y 9 junio 2006, y 11 junio 2007), o la misma incertidumbre sobre el importe de la indemnización (Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de junio y 14 diciembre 2006), hasta llegar a la valoración de elementos de razonabilidad en el mismo proceso, como la oposición al pago que se declara al menos parcialmente ajustada a Derecho, o la necesidad de determinación judicial ante la discrepancia de las partes, o la reclamación de una indemnización notablemente exagerada, entendiéndose, por el contrario, que carece de justificación una mera oposición al pago y la práctica de maniobras dilatorias por parte de la entidad aseguradora (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 noviembre 2004).

En la actualidad, el artículo 9 a) del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, en la redacción de la Ley 21/2007, de 11 de julio, dispone que no se impondrán intereses por mora cuando el asegurador acredite haber presentado al perjudicado la oferta motivada de indemnización a que se refieren los artículos 7.2 y 22.1, siempre que la oferta se haga dentro del plazo previsto en los citados artículos y se ajusten en cuanto a su contenido a lo previsto en el artículo 7.3, añadiendo, el párrafo segundo, que la falta de devengo de intereses de demora se limitará a la cantidad ofertada y satisfecha o consignada.

En este caso, resulta de lo actuado que por las aseguradoras demandadas no se ha hecho en ningún momento ofrecimiento de pago, y tampoco se ha procedido a la consignación, a disposición de la actora, de la cantidad mínima que fuera exigible a consecuencia del siniestro, ocurrido el 25 junio 2014, de modo, que no obstante la rebaja en la sentencia de la cantidad reclamada, no es posible apreciar que las aseguradoras demandadas no haya incurrido en mora, de acuerdo con el artículo 20, apartado 3º, de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, al que se remite la Disposición Adicional de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, en la redacción introducida por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y reformada por la Disposición Final Decimotercera de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y al que se remite igualmente, en la actualidad, el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, en la redacción de la Ley 21/2007, de 11 de julio.

En consecuencia, procede que la compañía de seguros devengue los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, desde el siniestro, ocurrido el 25 junio 2014, y hasta el completo pago. Sentencia Audiencia Provincial Barcelona, Sec. 13, 12 julio 2019, 872/2019, rec. 254/2018.

f) Mera existencia de un proceso o el hecho de acudir al mismo

La mera existencia de un proceso o el hecho de acudir al mismo no constituye causa en sí misma justificada del retraso, ni es óbice para imponer a la aseguradora los intereses cuando no se aprecia una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación misma de indemnizar (Sentencias Tribunal Supremo 7 junio 2010, rec. n.º 427/2006; 29 septiembre 2010, rec. n.º 1393/2005; 1 octubre 2010, rec. n.º 1315/2005; 26 octubre 2010, rec. n.º 677/2007; 31 enero 2011, rec. n.º 2156/2006; 1 febrero 2011, rec. n.º 2040/2006 y 20 julio 2011, rec. n.º 1615/2008),pues, de no entenderlo así, se llegaría al absurdo de que la mera oposición procesal de la aseguradora demandada, generadora por sí de la controversia, eximiría de pagar intereses, siendo por tanto lo decisivo «la actitud de la aseguradora ante una obligación resarcitoria no nacida en la sentencia ni necesitada de una especial intimación del acreedor» (Sentencia de 12 febrero 2009, recurso 2769/2004).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.8º de la Ley de Contrato de Seguro, la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del recargo en que consisten los intereses de demora. Pero la jurisprudencia mantiene una interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma, al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados. Se descarta que la mera existencia de un proceso, o el hecho de acudir al mismo, constituya causa que justifique por sí el retraso, o permita presumir la racionabilidad de la oposición. El proceso no es un óbice para imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación misma de indemnizar. Por este motivo, la jurisprudencia no aprecia justificación cuando, sin cuestionarse la realidad del siniestro ni su cobertura, la incertidumbre surge únicamente en torno a la concreta cuantía de la indemnización, o respecto de la influencia causal de la culpa del asegurado en su causación, incluso en supuestos de posible concurrencia de conductas negligentes, ni en la tardanza en formular la demanda. En el primer caso, porque es relevante que la indeterminación se haya visto favorecida por desatender la propia aseguradora su deber de emplear la mayor diligencia en la rápida tasación del daño causado, a fin de facilitar que el perjudicado obtenga una pronta reparación de lo que se considere debido, sin perjuicio de que la aseguradora se defienda y de que, de prosperar su oposición, tenga derecho a la restitución de lo abonado. En el segundo caso, porque la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor se asienta sobre el riesgo generado por su conducción, de manera que la culpa de la víctima, aunque resulte probada, si no constituye la causa exclusiva del accidente, carece de eficacia para eximir de responsabilidad al conductor [Ts. 8 de febrero de 2017 (Roj: STS 413/2017, recurso 2524/2014), 21 de julio de 2016 (Roj: STS 3639/2016, recurso 2218/2014), 21 de enero de 2013 (Roj: STS 372/2013, recurso 1614/2009), 4 de diciembre de 2012 (Roj: STS 8426/2012, recurso 2104/2009), 17 de mayo de 2012 (Roj: STS 3704/2012, recurso 1427/2009].»

La Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (modificado por el Art. único.3 de Ley 35/2015 de 22 septiembre de 2015, con vigencia desde 01-01-2016), en su u artículo 7 (obligaciones del asegurador) establece: «1. El asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes. El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa para exigirlo. Únicamente quedará exonerado de esta obligación si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad civil conforme al art. 1 de la presente Ley. Prescribe por el transcurso de un año la acción directa para exigir al asegurador la satisfacción al perjudicado del importe de los daños sufridos por éste en su persona y en sus bienes.

El Tribunal Supremo, Sec. ª1 en sentencia del 25 de enero de 2019:

«Como recoge la doctrina de la sala (sentencias 743/2012, de 4 de diciembre ; 206/2016, de 5 de abril ; 514/2016, de 21 de julio ; 456/2016, de 5 de julio; 36/2017, de 20 de enero ; 73/2017, de 8 de febrero, y 26/2018, de 18 de enero):

Si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8.º Ley de Contrato de Seguro, la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del recargo en que consisten los intereses de demora, en la apreciación de esta causa de exoneración esta Sala ha mantenido una interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados […].

En atención a esa jurisprudencia, si el retraso viene determinado por la tramitación de un proceso, para que la oposición de la aseguradora se valore como justificada a efectos de no imponerle intereses ha de examinarse la fundamentación de la misma, partiendo de las apreciaciones realizadas por el tribunal de instancia, al cual corresponde la fijación de los hechos probados y de las circunstancias concurrentes de naturaleza fáctica para integrar los presupuestos de la norma aplicada.

Esta interpretación descarta que la mera existencia de un proceso, el mero hecho de acudir al mismo constituya causa que justifique por sí el retraso, o permita presumir la racionabilidad de la oposición. El proceso no es un óbice para imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación de indemnizar […]. En aplicación de esta doctrina, la Sala ha valorado como justificada la oposición de la aseguradora que aboca al perjudicado o asegurado a un proceso cuando la resolución judicial se torna en imprescindible para despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o su cobertura […].

Con carácter general, en fin, e invocando un modelo de conducta acrisolado, el propósito del artículo 20 Ley de Contrato de Seguro es sancionar la falta de pago de la indemnización, o de ofrecimiento de una indemnización adecuada, a partir del momento en que un ordenado asegurador, teniendo conocimiento del siniestro, la habría satisfecho u ofrecido. Siempre a salvo el derecho del asegurador de que se trate a cuestionar después o seguir cuestionando en juicio su obligación de pago y obtener, en su caso, la restitución de lo indebidamente satisfecho».

g) Resolución judicial imprescindible

No se impondrá el interés del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, porque se considera que hubo causa justificada para no pagar la indemnización. La causa justificada a que se refiere el artículo 20 existe cuando la resolución judicial es imprescindible para despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o a su cobertura. Así lo han señalado, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de febrero y 27 septiembre 2017 y de 17 enero 2019.

h) Ficticia polémica creada sobre la cuantía

Solicita el actor apelante la imposición a la aseguradora demandada de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, por entender que el impago o la falta de consignación de la indemnización debida no obedece a causas justificadas o no imputables a la aseguradora, que pudieran impedir el devengo de este interés al amparo del artículo 20-8º de la Ley de Contrato de Seguro.

Entendemos que procede aplicar al caso el citado precepto, ante la ausencia de oferta motivada y el absoluto impago o falta de consignación de la prestación debida, o de cualquier otra que pudiera estimarse adecuada, y el transcurso del plazo legal que determina el inicio de la mora, de conformidad con el artículo 20-3º de la Ley de Contrato de Seguro, en relación con el artículo 9 Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor [LRCSCVM], por lo que se ha incumplido el deber de diligencia que corresponde al asegurador en orden a determinar el alcance aproximado de los daños y perjuicios causados por el siniestro y a procurar una rápida satisfacción de la indemnización, sin que se haya acreditado la concurrencia de una causa justificada impeditiva del pago, con arreglo al artículo 20-8º de la Ley de Contrato de Seguro, que no cabe en modo alguno vincular a la inicial controversia sobre la relación de causalidad o sobre el alcance y valoración de las lesiones, ya que son circunstancias que no justifican la pasividad de la aseguradora demandada, ni le evitan incurrir en la mora, con la aplicación del interés sancionatorio correspondiente, computado desde la fecha del siniestro (artículo 20-6º Ley de Contrato de Seguro).

En este sentido, la jurisprudencia ha estimado injustificada la demora en el pago de la indemnización cuando resulta ficticia la polémica creada sobre la cuantía de la indemnización o la oposición adolece de evidente fragilidad (SS. Tribunal Supremo 7 mayo 2001, 25 abril 2002, 8 nov. 2004, 1 julio 2008 y 26 oct. 2010, entre otras), sin que baste como justificación la mera oposición al pago o las maniobras dilatorias por parte de la entidad aseguradora, aunque se formule en un proceso judicial (SS Tribunal Supremo 25 abril 2002, 8 noviembre 2004, 15 dic. 2005, 2 marzo 2006, 21 diciembre 2007 y 7 junio 2010), pues la razón del mandato legal radica precisamente en impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados (SS 16 marzo 2004, 15 diciembre 2005, 11 diciembre 2006, 21 diciembre 2007 y 11 abril 2011), de manera que se ha venido negando el carácter de causa justificativa del impago a la sola discusión acerca de la cuantía de la indemnización pretendida, así como la creencia del asegurador de que corresponde una indemnización inferior a la pedida, cuando ésta se revela justa o razonable (SS Tribunal Supremo 6 abril 1990, 3 octubre 1991, 31 enero 1992, 3 diciembre 1994, 20 mayo 2004), sin que la mera iliquidez sea por sí misma excusa razonable para que el asegurador pueda demorar el pago (SS 10 diciembre 2004, 29 noviembre 2005, 9 febrero 2007, 29 septiembre 2010 y 1 febrero 2011).

H) Consorcio de Compensación de Seguros, art. 20.9º LCS

Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Artículo veinte.

Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a las siguientes reglas: 9.º Cuando el Consorcio de Compensación de Seguros deba satisfacer la indemnización como fondo de garantía, se entenderá que incurre en mora únicamente en el caso de que haya transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha en que se le reclame la satisfacción de la indemnización sin que por el Consorcio se haya procedido al pago de la misma con arreglo a su normativa específica, no siéndole de aplicación la obligación de indemnizar por mora en la falta de pago del importe mínimo. En lo restante, cuando el Consorcio intervenga como fondo de garantía, y, sin excepciones, cuando el Consorcio contrate como asegurador directo, será íntegramente aplicable el presente artículo.

a) STS 15 junio 2020, 300/2020, rec. 4522/2017

1.— La sentencia número 83/2019, de 7 de febrero, hace una recesión de la jurisprudencia ahora relevante y afirma:

«Como recoge la sentencia 73/2017, de 8 de febrero, citada en las posteriores 523/2017, de 27 de septiembre, y 26 /2018, de 18 de enero, la jurisprudencia de esta sala sobre la interpretación y aplicación de la regla del artículo 20.8 Ley de Contrato de Seguro quedó detalladamente expuesta, con exhaustiva relación de sus precedentes, en la sentencia 74 3/2012, de 4 de diciembre.

Más recientemente se reiteró la doctrina por la sentencia 206 /2016, de 5 de abril, y las posteriores 514/2016, de 21 de julio, 456 /2016 de 5 de julio y 36/2017 de 20 de enero, entre otras.

Si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20. 8° Ley de Contrato de Seguro, la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del recargo en qué consisten los intereses de demora, en la apreciación de esta causa de exoneración esta Sala ha mantenido una interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados […].

En atención a esa jurisprudencia, si el retraso viene determinado por la tramitación de un proceso, para que la oposición de la aseguradora se valore como justificada a efectos de no imponerle intereses ha de examinarse la fundamentación de la misma, partiendo de las apreciaciones realizadas por el tribunal de instancia, al cual corresponde la fijación de los hechos probados y de las circunstancias concurrentes de naturaleza fáctica para integrar los presupuestos de la norma aplicada.

Esta interpretación descarta que la mera existencia de un proceso, el mero hecho de acudir al mismo constituya causa que justifique por sí el retraso, o permita presumir la racionabilidad de la oposición. El proceso no es un óbice para imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación de indemnizar […]. En aplicación de esta doctrina, la Sala ha valorado como justificada la oposición de la aseguradora que aboca al perjudicado o asegurado a un proceso cuando la resolución judicial se torna en imprescindible para despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o su cobertura.

Con carácter general, en fin, e invocando un modelo de conducta acrisolado, el propósito del artículo 20 Ley de Contrato de Seguro es sancionar la falta de pago de la indemnización, o de ofrecimiento de una indemnización adecuada, a partir del momento en que un ordenado asegurador, teniendo conocimiento del siniestro, la habría satisfecho u ofrecido. Siempre a salvo el derecho del asegurador de que se trate a cuestionar después o seguir cuestionando en juicio su obligación de pago y obtener, en su caso, la restitución de lo indebidamente satisfecho».

2.— Singularmente referida al Consorcio de Compensación de Seguros la sentencia del Tribunal Supremo número 52/2019, de 24 de enero, contiene una serie de consideraciones que, en síntesis, son las siguientes:

(i) En los siniestros derivados de hechos de la circulación de vehículos a motor la responsabilidad civil recae, principalmente, concurriendo los requisitos legales y jurisprudenciales, en el causante del daño. Pero por tratarse de una actividad creadora de riesgos se persigue la protección a ultranza del perjudicado o víctima. De ahí que, tanto la doctrina como la jurisprudencia, coincidan en considerar que el sistema de seguro de hechos derivados de la circulación persigue precisamente ese fin, esto es, la protección de la víctima, de forma que no quede desprotegida sino amparada. Para conseguir esa protección se acude a mecanismos procesales, como el de las presunciones favorables, y a medidas sustantivas. Se exige, en lo aquí relevante, la obligatoriedad del propietario del vehículo de suscribir un contrato de seguro sobre el vehículo hasta el límite del aseguramiento obligatorio. Pero para el supuesto de que el propietario incumpliese esa obligación, y por ende el vehículo careciese de cobertura, se prevé un sistema público para cubrir los riesgos, que es el Consorcio de Compensación de Seguros, que en ese caso actúa como fondo de garantía.

(ii) El artículo 11.1 Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor [LRCSCVM] prevé los daños cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros entre los que se incluye los ocasionados por el vehículo no asegurado, que es el caso de autos.

(iii) El art. 11 LRCSCVM realiza una remisión al art. 10 del mismo texto legal. La razón de ser de tal remisión estriba en que al Consorcio se atribuye la función de intervenir, como organismo de derecho público, en lugar de la aseguradora en los supuestos que prevé la propia Ley. Consecuencia de ello es que, si cumple la misma función que las aseguradoras, es lógico que le asista el mismo derecho que a éstas, aunque con las singularidades que prevé el art. 11 LRCSCVM. Asegura, pues, no al perjudicado o a la víctima sino al vehículo causante del daño. Así se colige del art. 11 del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, al describir las funciones del Consorcio en relación con el seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor de suscripción obligatoria. Consecuencia de esa posición aseguradora es que el art. 11.3 LRCSCVM, y así lo reitera el art. 20 del Reglamento, conceda al perjudicado acción directa contra el Consorcio de Compensación de Seguros en los casos señalados en este artículo (como en situaciones de aseguramiento de la cobertura del siniestro se prevé en el art. 76 Ley de Contrato de Seguro contra la aseguradora). Para a continuación concederle que pueda repetir en los supuestos definidos en el art. 10 de esa Ley, así como contra el propietario y el responsable del accidente cuando se trate de vehículo no asegurado, o contra los autores, cómplices o encubridores del robo o robo de uso del vehículo causante del siniestro, así como contra el responsable del accidente que conoció de la sustracción de aquél. STS 15 junio 2020, 300/2020, rec. 4522/2017.

b) Día inicial para el cómputo de los intereses por mora

El dies a quo [día inicial] para el cómputo de los intereses por mora de la aseguradora, en el caso de que resulte obligado el Consorcio de Compensación de Seguros como organismo de garantía, no puede ser el de la fecha de producción del siniestro, sino el momento en que se dirige la reclamación contra él, pues así resulta de una adecuada interpretación de lo dispuesto en el artículo 20.9.ª Ley de Contrato de Seguro, según el cual:

«Cuando el Consorcio de Compensación de Seguros deba satisfacer la indemnización como fondo de garantía, se entenderá que incurre en mora únicamente en el caso de que haya transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha en que se le reclame la satisfacción de la indemnización sin que por el Consorcio se haya procedido al pago de la misma con arreglo a su normativa específica, no siéndole de aplicación la obligación de indemnizar por mora en la falta de pago del importe mínimo.

En lo restante cuando el Consorcio intervenga como fondo de garantía, y, sin excepciones, cuando el Consorcio contrate como asegurador directo, será íntegramente aplicable el presente artículo».

Carecería de sentido establecer el nacimiento de la mora con relación al momento de reclamación de la indemnización y excluir la obligación de satisfacer el importe mínimo para después fijar la cuantía de los intereses de demora desde el momento del siniestro. El precepto que establece esta previsión para los aseguradores en general (artículo 20.6.ª Ley de Contrato de Seguro), en efecto, está en relación con el que fija el momento de nacimiento de la mora en relación con la falta de abono de la indemnización o del importe mínimo desde el momento del siniestro (artículo 20.3.ª Ley de Contrato de Seguro), pues se presume que la obligación de indemnizar para el asegurador ordinario surge desde el momento del siniestro en virtud del contrato, salvo circunstancias excepcionales de incumplimiento contractual o desconocimiento por el asegurador (artículo 20.6.ª II y III Ley de Contrato de Seguro), mientras que en el caso del Consorcio la obligación surge ope legis [por efecto de la ley] con carácter subsidiario para subvenir a situaciones de falta de cobertura por el seguro de suscripción obligatoria cuya comprobación depende normalmente de circunstancias posteriores al momento del siniestro.

De esto se sigue que la declaración del artículo 20.9.ª Ley de Contrato de Seguro en el sentido de que en lo restante será íntegramente aplicable el propio artículo tiene sentido en relación con la cuantía del interés de demora, con el “dies ad quem” [día final] o término del plazo para el cómputo de los intereses y con la aplicación al Consorcio de las causas de justificación que excluyen la demora, pero no en cuanto a la determinación del “dies a quo” [día inicial] para el expresado cómputo. Sentencia Tribunal Supremo, Sec. 1, 29 marzo 2010, 229/2010, rec. 40/2005.

I) Intereses especiales por mora procesal, art. 20.10º LCS

Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Artículo veinte.

Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a las siguientes reglas: 10.º En la determinación de la indemnización por mora del asegurador no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1108 del Código Civil, ni lo preceptuado en el párrafo cuarto del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo las previsiones contenidas en este último precepto para la revocación total o parcial de la sentencia.

Con relación a los intereses especiales por mora a que se refieren ambas disposiciones normativas —artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro y artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil—, es un criterio reiterado y uniforme, que tales intereses se establece a favor del perjudicado como consecuencia del hecho de la circulación, es decir a favor de la persona que directamente y de forma inmediata se ha visto perjudicada por el accidente, no siendo por lo tanto aplicable dicha intereses especiales a favor de la aseguradora que ejercita la acción de subrogación, dado que ésta sólo puede repetir lo realmente abonado, no cabe entender que ésta tenga derecho a reclamar el interés especial del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, puesto que en tal caso se producirá un enriquecimiento injusto, dado que se le abonaría una cantidad superior al importe real de las cantidades por ella abonadas, debiendo tenerse en cuenta que dado el carácter sancionador o punitivo de los intereses que establece el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, estos no pueden ser objeto de una interpretación ni aplicación extensiva.

Debiendo ser abonados únicamente los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la sentencia de primera instancia en relación a la entidad aseguradora demandante. Sentencia Audiencia Provincial Madrid, Sec. 9, 10 enero 2018, 1/2018, rec. 808/2017.

J) Acción subrogada, aseguradora que ha pagado

En cuanto a los intereses no es de aplicación el artículo 20 Ley de Contrato de Seguro en aquellos supuestos en los que una aseguradora que ha pagado a su asegurado ejercita acción al amparo del artículo 43 Ley de Contrato de Seguro en reclamación de esa indemnización abonada, subrogándose en las acciones que a aquel le correspondían.

En este sentido se razona en la Sentencia Tribunal Supremo de 24 marzo 2011 que «la mora prevista en el artículo 20 Ley de Contrato de Seguro, en algunas modalidades, como el abono del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber o la reparación o reposición del objeto siniestrado (artículo 20.2.ª Ley de Contrato de Seguro), carece de sentido en relación con la aseguradora como sujeto pasivo.

Por otra parte, la finalidad del artículo 20 Ley de Contrato de Seguro radica en fomentar el rápido resarcimiento del asegurado o perjudicado imponiendo sobre la aseguradora que retrasa injustificadamente el cumplimiento de su obligación un recargo de notoria importancia, a la que se hace referencia en Sentencia Tribunal Supremo de 1 marzo 2001 dictada por el Pleno de esta Sala.

Esta finalidad pierde su sentido cuando se trata de las relaciones entre aseguradoras. La demora en que puede incurrir la aseguradora contra la que se ejercita la acción de repetición no afecta al perjudicado, que es la persona directamente contemplada en el artículo 20 Ley de Contrato de Seguro como beneficiario del recargo en la indemnización». Sentencias Audiencia Provincial Barcelona, Sec. 1, 29 mayo 2019, 348/2019, rec. 442/2018; Sec. 19, 13 junio 2019, 319/2019, rec. 1051/2017.